La comisión de investigación de Ecociudad solicitada por el PSOE se retoma a primera hora de la mañana con la comparecencia de Iván Andrés, mano derecha del alcalde, Pedro Santisteve, y el concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero. En el aire está si lo hará María José Benito, la instructora que nombró el regidor para realizar la información reserva. Hasta ahora ha sido la gran ausente, junto a los responsables de la contrata Drace, entre ellos, el jefe de la planta depuradora de La Almozara, Miguel Ángel López Fatás, que se desdijo de su declaración.

Santisteve tendrá que dar explicaciones este miércoles sobre los motivos que le llevaron a presentar ante la Fiscalía una denuncia, al parecer, por un cambio en las mejoras propuestas por la contrata Drace. Mañana será el turno de la vicepresidenta de la sociedad municipal, Teresa Artigas.

Por ahora han comparecido el gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, que confesó haberse sentido «acosado» y «presionado» por el alcalde y su equipo para abandonar la sociedad. Dos técnicos de la sociedad, José Ignacio Castrillo como Manuel del Rincón, un asesor jurista e independiente, José Antonio Sanz, dos delegados sindicales, Miguel Ángel Fernández y Alberto Casablanca y el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía.

Salvo los sindicalistas, todos han admitido que la modificación de las mejoras propuestas acordaron con la empresa Drace y que, en ningún caso, supuso un cambio del objeto del contrato inicial. Santisteve comparecerá ante el resto de formaciones -tras varias peticiones en los plenos- para explicar en qué basa sus dudas legales. A falta de que se sucedan las comparecencias políticas, ya han sacado las primeras conclusiones.

Desde el PSOE consideran que «ha habido una conspiración contra Ecociudad y su gerente, a quien han tratado de anular sus competencias, dejándole en un estado de indefensión», después de que miembros de Urbanismo asumieran sus labores. Además, insisten en que hubo «irregularidades» en el procedimiento impulsado por el alcalde para acudir a la Fiscalía.

Para el PP está claro el objetivo de «esta situación política, que no técnica»: «Poner a alguien de Podemos o de ZeC al frente». Señalan que la denuncia del alcalde no se sustenta porque se basa en si la modificación de las mejoras se hizo correctamente y, a este respecto, el juez ya concluyó archivando la causa, explican.

Desde C’s señalan que la comisión ha permitido ver «otro punto de vista de la historia» muy diferente a la narrada por ZeC. Consideran que tanto Portero como los técnicos han sabido ofrecer argumentos claros sobre la adecuación de las mejores y cuestionan que Abadía no confirmara quién le atribuyó las competencias.

Para CHA ha quedado «en evidencia» la falta de recursos y de personal y de un control más directo de Ecociudad sobre las contratas. Admiten tener «dudas» sobre si la autorización del cambio de mejoras la podía haber hecho el gerente aunque, no las cuestionan.