El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, viajó ayer hasta el Congreso de los Diputados, junto a regidores y concejalas de otras ciudades, para firmar una declaración en la que se exponen las limitaciones y los obstáculos que supone la Disposición Adicional 27 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los municipios y la autonomía local.

Según Santisteve, se trata de un artículo que «persigue continuar encorsetando a nuestras ciudades y ayuntamientos con la propuesta presupuestaria presentada para el 2017». Para el primer edil, se trata de un gran golpe a las administraciones locales «ineficiente, injusto y antidemocrático».

El alcalde criticó que el Gobierno del PP haya facilitado la privatización de los servicios y que, ahora, en cambio, esté «impidiendo la posibilidad de revertir la privatización de los servicios públicos de competencia municipal».

Santisteve estuvo acompañado por el calde de La Coruña, Xulio Ferreiro, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato; la portavoz del Gobierno de Madrid, Rita Maestre, y concejales de Valencia y Terrasa, entre otros. De forma conjunta entregaron la declaración a las formaciones políticos que les recibieron en el Congreso.

El primer edil criticó que «más de 46.000 millones de contratación pública se han ido al alcantarillado del despilfarro y de la corrupción del dinero público». Una situación que, «en conciencia» y a su juicio, debería ser revertida por las administraciones locales, las más cercanas a los ciudadanos, precisó, y que prestan directamente los servicios públicos y sociales.