El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha enviado una carta a los vecinos de la ciudad en la que les informa de que próximamente el Gobierno de Aragón procederá a facturarles el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y recuerda la oposición del consistorio a este tributo.

En la misiva, enviada junto a la factura del agua, Santisteve asegura que está utilizando "todos los medios legales a su alcance" para proteger los intereses de los zaragozanos, han informado fuentes municipales.

La carta comenzará a llegar a los domicilios de forma progresiva a partir de las próximos días y en la misma el alcalde explica que con este impuesto el Gobierno de Aragón pretende financiar las obras del Plan aragonés de Saneamiento y Depuración, además de detallar los argumentos por los que Zaragoza se opone a él.

Apunta así que desde 1995 la población de Zaragoza ha sufragado sin ayuda de otras administraciones sus depuradoras y la renovación de la red de saneamiento por 324 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón prevé recaudar por el ICA en la ciudad 542,85 millones de euros hasta el año 2045.

A modo de ejemplo, el ICA supondrá que un hogar tipo de tres miembros tenga que pagar 57 euros más al año y uno de cuatro miembros 64 euros, mientras que en el caso de los bares, el impuesto se dispararía hasta los 534 euros al año, según las citadas fuentes.

El Ayuntamiento ha recordado además que está a la espera de que dicten sentencia tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) como el Tribunal Constitucional, donde está recurrido el pago de este impuesto.

Y ha recordado la necesidad de reformar la Ley de Aguas de Aragón, tal y como se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) que tuvo lugar ayer y que comparten otros muchos Ayuntamientos.

En este foro, el consistorio zaragozano trasladó su decepción por el hecho de que el ejecutivo autonómico "únicamente esté barajando una mera modificación del Plan de Saneamiento y Depuración (PASD), sin cuestionar el fondo del asunto que no es otro que el propio modelo de depuración de las aguas residuales promovido por el Gobierno de Aragón".