Sarga, empresa pública del Gobierno de Aragón, ha puesto en marcha un "canal ético" como herramienta de comunicación para la prevención, detección, investigación y resolución de cualquier conducta anómala en la compañía.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, esta vía simplifica y facilita "la comunicación de posibles conductas irregulares, poco éticas o inadecuadas que pueden materializarse en riesgos penales para Sarga".

Esta acción se enmarca en un plan de renovación de la empresa apuntalado en un nuevo concepto de relaciones laborales y en un mayor control de sus gastos generales.

Durante las últimas semanas la empresa ha puesto en marcha una campaña de comunicación entre sus empleados con el objetivo de divulgar al máximo la implantación de este canal.

El uso de esta herramienta, ha añadido el Gobierno, es extensivo a clientes, contratistas o proveedores con los que Sarga mantenga una relación de negocio para que, de esta forma, pongan en conocimiento de la organización "cualquier sospecha o conocimiento de alguna irregularidad que haya sido, esté siendo o vaya a ser cometida por un miembro de Sarga".

Además, con el fin de garantizar la confidencialidad de los usuarios del canal ético, la gestión de la herramienta es llevada a cabo por un gabinete especializado externo a la empresa pública.

El Gobierno de Aragón recuerda que la empresa realizó a principios del pasado año un análisis de sus gastos generales con el objetivo de optimizar los recursos necesarios para realizar sus funciones sin menoscabo de un buen servicio y que se adoptaron diversas medidas basadas en un mayor control de los gastos generales; en la ejecución de contrataciones globales y en la adecuación de los recursos a las necesidades actuales.

Sarga consiguió de esta forma reducir sus gastos generales el año pasado un 8,21 por ciento respecto a la cifra alcanzada en 2015.

Las partidas que contribuyeron en mayor medida a este ahorro fueron las relativas a dietas y gastos de desplazamiento, como vehículos, gasolina y aparcamiento.

El ejecutivo destaca además que en marzo de este año la dirección y dos sindicatos -Candidatura Independiente y CSIF-, firmaron el primer convenio colectivo de la empresa pública tras más de cinco meses de negociaciones y 42 reuniones, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 e incluye, entre otros puntos, el incremento de cotización a la Seguridad Social de las cuadrillas forestales a través de la creación de un mecanismo de bolsa de horas.

Además, el convenio garantiza los niveles mínimos de homologación con la administración autonómica en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un trabajo que deberá estar aprobado antes del 30 de junio de 2017.

Con este convenio Sarga sella definitivamente la fusión empresarial de Sirasa y Sodemasa llevada a cabo en octubre 2012 y que supone la homogeneización de las condiciones de trabajo aplicables a todo su personal.

El convenio consolida los nuevos procedimientos de selección de personal, desarrollados bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.