El secretario del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, Ángel Pueyo Fustero, fue juzgado ayer en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza como presunto autor de un delito contra la integridad moral de una funcionaria de la corporación a la que supuestamente trató de forma "vejatoria y humillante", según el ministerio público.

Pueyo, que se enfrenta a una petición de pena de hasta dos años de cárcel, convocó el 12 de mayo del 2011, a petición del alcalde, una reunión de todos los empleados del consistorio. En ella manifestó, hablando "en términos generales", según sus propias palabras, que no debía filtrarse información municipal al exterior.

La funcionaria E. M. P. "se dio por aludida", según varios testigos presenciales, y se entabló entre ella y el secretario un intercambio verbal en el que el superior jerárquico sometió a la denunciante a "escarnio público", según sostuvo el acusador particular, Higinio Sorribas.

"Se dirigió a mí desde el primer momento y me acusó de haber filtrado un documento a la oposición", dijo E. M. P., en referencia a un correo electrónico que envió al concejal Edmundo Núñez, del PP. Este edil declaró como testigo y dijo que le había solicitado información "sobre la liquidación final del presupuesto del 2008" para averiguar el destino de 300.000 euros, una petición a la que "tenía derecho" por ser parte de la corporación.

Ninguno de los cinco testigos presenciales que comparecieron en la vista oral corroboró que Pueyo se hubiera propasado verbalmente con la funcionaria. "Le dio una pequeña bronca por haber sacado información, pero no la trató de forma humillante", dijo uno de ellos. "Si ella no se hubiera dado por aludida, no habría pasado nada", declaró otro de los asistentes a la reunión.

Ángel Pueyo manifestó que, poco antes de convocar la reunión, había tenido conocimiento de que Edmundo Núñez había presentado una querella criminal contra el alcalde, él y otros funcionarios por una presunta malversación de caudales públicos por un importe de dos millones. "Lamento si me pude extralimitar, pero me querían meter en la cárcel por algo que no había hecho", afirmó.

Esa acusación dio lugar a una denuncia que acabó sobreseída, mientras que un comentario del exalcalde Jesús Villagrasa en un pleno en el sentido de que E. M. P. espiaba para la oposición y sacaba información del ayuntamiento condujo a la condena del regidor al pago de 1.260 euros por un delito de injurias.