Unos 6.000 inmigrantes aragoneses podrían quedarse sin prestación sanitaria si se aplican en Aragón las medidas "restrictivas" del Gobierno, según las cuales podrían perderla si vuelven a España tras pasar 90 días en el extranjero, denunció ayer el parlamentario socialista Eduardo Alonso.
Para evitar que se produzca, Alonso presentó en las Cortes una iniciativa, que se debatirá hoy en pleno, para que el Gobierno de Aragón garantice la asistencia sanitaria a esos inmigrantes, como se ha hecho en Asturias y Andalucía.
El parlamentario destacó que hay unos 10.000 aragoneses en el extranjero, con lo que la media afectará al 60% de los sujetos pasivos de este recorte.
El portavoz socialista indicó que esta medida "está coartando el derecho a buscar trabajo, a la formación para mejorar su ocupación o mejorar su cualificación".
