Las familias de seis de las víctimas del accidente del Yak-42 han decidido presentar un recurso contra la resolución del Ministerio de Defensa que reconocía la responsabilidad del Estado al no prevenir el siniestro pero, al mismo tiempo, consideraba que no procedía indemnizar a los afectados más de lo que ya lo habían sido. Para estas seis familias no basta con esa victoria moral, ya que se ha limitado a reconocer «algo que todos sabíamos hace 14 años». Por ello piden a Cospedal que rectifique, les resarza «simbólicamente» e impida que tengan que volver a iniciar otro proceso judicial, y puedan comenzar el duelo.

Las familias de los comandantes Felipe Antonio Perla, José Manuel Ripollés, José Antonio Fernández y Antonio Novo, el brigada Francisco Moro y el sargento primero José Luis Moreno cuantifican la indemnización pendiente en 100.000 euros por familia, rebajando considerablemente sus pretensiones iniciales del 2004.

Las familias, compuestas todas por la viuda y dos huérfanos de cada afectado, enumeran un sinfín de argumentos jurídicos y técnicos por los que discrepan de que no merezcan recibir más indemnización.

Entre otros, exponen lo que entienden como «agravios comparativos» con resoluciones anteriores de otros casos, algunos firmados por la propia María Dolores de Cospedal que, como presidenta del Gobierno de Castilla La Mancha, promulgó una ley la indemnización a once brigadistas fallecidos en un incendio en la comunidad, pese a que la comunidad había desestimado su responsabilidad patrimonial.

Las familias entienden que ni el Consejo de Ministros -que ya entendió que procedía reconocer la responsabilidad, pero no indemnizar- ni Defensa han valorado todos los gastos económicos de 14 años de litigios, ni los perjuicios morales de perder a padres, hijos y maridos y verse ninguneados, cuando no insultados, durante muchos años.

Por ello piden a la ministra con el recurso que reconsidere su resolución, porque «el daño no tiene precio para su familia, pero tampoco debe tenerlo para su país».