Las relaciones institucionales entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están lejos de ser óptimas para el acuerdo, pero estas diferencias aparentemente irreconciliables pueden tener un duro peaje para las arcas municipales. Es lo que sucederá, sin nadie lo remedia, con el sellado del antiguo vertedero de Torrecilla de Valmadrid, al que le queda una tercera fase por ejecutar, valorada en más de once millones de euros, que sigue sin salir a concurso porque ambas administraciones no se ponen de acuerdo en cómo financiarla. O en quién adelanta el dinero. La DGA se comprometió a asumir el coste en el 2014 pero sigue sin transferir el dinero por adelantado. Y el consistorio no lo licita porque le exige que cumpla con la palabra dada y abone las cantidades pactadas para 2016, 2017 y 2018, 11,3 millones.
Mientras, el tiempo pasa y este mes acaba de superar el límite razonable para cumplir en plazo con una exigencia, la de la normativa europea, de tenerlo sellado a finales del 2019. No hay prórroga posible y ya debería estar en licitación para llegar a tiempo, porque los trabajos durarán, según los técnicos de la DGA y el consistorio, once meses, salvo que la empresa que resulte adjudicataria lo acorte. Pero para ello deberían iniciarse en febrero, y contar con una oferta decidida y un contrato formalizado a principios del año próximo. La contratación suele demorarse unos seis meses entre el anuncio de licitación, la presentación de ofertas, la adjudicación y la revisión ante posibles recursos.
COMO EL TRANVÍA
En septiembre ya estará superando ese límite de 17 meses que siempre se han entendido como necesarios para evitar las sanciones. Europa, a partir del 1 de enero del 2020 puede castigar con dureza a Zaragoza por incumplir esta obligación. El tiempo avanza en contra del consistorio y la solución a la financiación no se vislumbra. Las dos partes están enrocadas en posiciones irreconciliables y ya han pasado dos años desde que se estancó el convenio que en el 2014 ambas administraciones firmaron para acometer estas obras.
Entonces se acordó impulsar una primera fase que se costeó con los dos millones aportados por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). El ayuntamiento corrió con los costes de una segunda (tapó 42 de las 67 hectáreas) que costaron 8,75 millones de euros (la adjudicataria rebajó el presupuesto estimado en 11,7 millones de euros).
Ya solo faltaba que en el 2016 el Gobierno aragonés transfiriera su aportación económica, como se comprometió el consejero de Medio Ambiente de entonces, Modesto Lobón, con el que era vicealcalde (y actual responsable de Hacienda en la DGA), Fernando Gimeno. Lo debía hacer en tres anualidades: 3,5 millones en el 2016, otros tantos en el 2017 y 4.307.35 euros en el 2018. De todas esas anualidades, el Ejecutivo autonómico solo ha consignado dinero una vez en el presupuesto, en el 2017, por 3,5 millones que nunca llegó a transferir. El resto, incluido este año, la partida estuvo a cero. En este 2018 debería estar terminado el sellado pero ni siquiera se ha licitado.
Los trabajos, en base al convenio, los licitaría el ayuntamiento y la DGA las pagaría, pero ya en el 2016 se intentó alargar los plazos un año y el desencuentro estancó los pagos y el inicio de los trabajos. Ahora la DGA quiere acudir a una fórmula similar a la empleada para la construcción del tranvía, que se considere una subvención y así afrontar los costes conforme se firmen las certificaciones. Y el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se niega, porque no se fía.
La ciudad le recuerda que una vez ejecutada la línea 1 del tranvía se desdijo de lo firmado en el convenio y no solo no ha afrontado los 39 millones que el consistorio lleva años reclamándole (y que Zaragoza desembolsó ya por adelantado) sino que, además, ni siquiera ha abonado los 7,9 millones que reconoció adeudarle. Así que nueve años después de que se cerrara el vertedero de Torrecilla, su sellado sigue incompleto y la normativa europea no deja lugar a tanta ambigüedad.
