La consejera de Educación, Dolores Serrat, comparecerá el próximo 7 de mayo ante la Diputación Permanente de las Cortes para explicar las decisiones que le han llevado a autorizar a la Universidad San Jorge la implantación del grado de Magisterio, según la oposición parlamentaria en detrimento de los campus de Huesca y Teruel. Cuando se conoció la decisión del Gobierno de Aragón de autorizar la implantación de los grados de Educación Infantil y Primaria en la universidad privada, el PSOE presentó una solicitud para que se convocara la Diputación Permanente y compareciera en ella la consejera, petición que fue aprobada ayer por unanimidad en la Junta de Portavoces.
Los cinco grupos, por tanto, respaldaron que se produzca la comparecencia de Serrat, pocas horas antes del inicio de la campaña electoral para los comicios del 24 de mayo. Los tres portavoces de la oposición se mostraron muy críticos con la decisión de autorizar la implantación de estos estudios, y recurrieron a argumentos parecidos, entre ellos que supondrá un perjuicio para los campus de Huesca y Teruel, donde se imparte ya el grado, y que la decisión no se debe a criterios de calidad y reequilibrio territorial, sino economicistas.
LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS
El portavoz socialista, Javier Sada, indicó ayer que la autorización de la implantación del grado supone "una ruptura del acuerdo" sobre la duplicidad de grados en la universidad pública y en la privada, en el sentido de que los estudios autorizados para la San Jorge "no podrían coincidir" con los implantados en la Universidad de Zaragoza. Sada hizo referencia además a la "amplia, contundente y unánime" postura contra la autorización en Huesca y Teruel, y viene a dar "una vuelta de tuerca más" a la situación de la institución pública, con problemas de financiación e infraestructuras obsoletas.
Además, se remitió a un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, relacionado con la petición anterior de la universidad privada de implantar el grado de Psicología, que asegura que la DGA no tiene el papel de garantizar la libertad de mercado, como aduce Serrat, sino que tiene que actuar como "regulador", es decir, "velar por la vertebración y la calidad".
Por CHA, Gregorio Briz también consideró que la autorización responde "a criterios economicistas y empresariales", que podrían entenderse si hubiese demanda de plazas, pero insistió en que no es así y que lo que se pretende es "desvestir a un santo para vestir a otro". El diputado lamentó que las decisiones importantes sobre la universidad no se tomen con consenso y explicó a Serrat que explique "su apuesta" por la privada.
REVOCACIÓN
La portavoz de IU, Patricia Luquin, pedirá la revocación de la autorización, porque se duplica la titulación "desde parámetros economicistas sin tener en cuenta la calidad ni el equilibrio territorial" y porque existe un "clamor popular" en Huesca y Teruel para que así se haga. Por su parte, el portavoz del PAR, Alfredo Boné, quiere saber si la decisión se ha adoptado después de intentar llegar a un consenso con los implicados, especialmente la universidad pública. También indicó que es "una falacia" decir que la distribución de servicios en el territorio contribuye a la vertebración. El portavoz del PP, Antonio Torres, dijo que es "rotundamente falso" que la DGA apoye más a la privada que a la pública.
