Serrat liquida el programa de memoria histórica al no considerarlo «prioritario»

P. CORTÉS FERRÁNDEZ 31/12/2011

El Gobierno de Aragón no impulsará ningún proyecto para la Recuperación de la Memoria
Histórica. Este es el anuncio que la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, hizo público ayer durante su comparecencia en respuesta a la petición de CHA para conocer la posición del Ejecutivo aragonés respecto a programas como el de Amarga Memoria.

La titular de este departamento aludió a razones económicas y de prioridad para excusar que en los presupuestos del 2012 no exista ninguna partida destinada a planes de aplicación de la ley de Memoria Histórica. Sin embargo, Serrat negó en todo momento que ella hubiera tildado de superfluo el gasto en este área, a pesar de que la consejera, en declaraciones recogidas por Efe, afirmó que cuando hay que hacer ajustes, «siempre lo superfluo debería haberse evitado».

Cubierta en el parapeto que la crisis económica le concede para no invertir dinero en este tipo de asuntos, Serrat comenzaba su comparecencia explicando que no hay partida presupuestaria destinada a nuevos proyectos para el programa Amarga Memoria porque «se atiende a otras actividades consolidadas». Entre ellas, la consejera especificó que lo primero son «los gastos obligados de personal, bienes y servicios, y transferencias», para continuar «priorizando en educación lo que ha obligado a fuertes ajustes en otras áreas». Estas razones son, según Serrat, las que «nos obligan a decir que no hay partidas».

DINERO POR ENCIMA DE TODO / El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista criticó duramente «la posición de ambigüedad que tiene el Gobierno de Aragón en este tema, donde es la economía o que prima». Además, el diputado Gregorio Briz recalcó que «el
respeto y la dignidad se deben poner por encima del dinero». Con estas palabras el aragonesista quiso mostrar su rechazo a que las personas que lucharon «por una causa justa y legal estén en las cunetas, y a los que lucharon por una causa justa pero ilegal no se les haya condenado».

Además, CHA reclamó un «aumento en la categoría jurídica y política para la recuperación de
la Memoria Histórica», un rango que se alcanzaría implicando al departamento de Justicia, según
Briz. También muy críticos se mostraron desde Izquierda Unida, cuando indicaron que, a su parecer, «el PP no ha roto emocionalmente con la herencia del franquismo ».

Además, el diputado Luis Ángel Romero especificó que IU no pide al Gobierno de Aragón que «condene el golpe de Estado, haga una fiscalía especial o construya un memorial», sino que «respete una ley para que los familiares puedan velar por su memoria ».

El grupo parlamentario de IU también criticó la «demagogia y frivolidad» utilizada por la consejera Serrat cuando se cuestionó «si había que invertir en construir nuevos colegios o en el proyecto Amarga Memoria». «Si utilizautiliza este tipo de actitudes y frivolidades es muy complicado que se gane nuestra consideración», reseñó Romero.

Por parte del PAR, María Herrero se subió al carro de la priorización de los recursos y aplaudió que el Gobierno de Aragón busque «un equilibrio intermedio», en lo que opina como un «tratamiento un tanto sesgado y parcial de esta cuestión».

Precisamente a esta objetividad aludió Ana Cristina Vera desde el PSOE al defender que es «necesario conocer la historia de una forma objetivo a través de docentes y profesionales, para no volver a repetirla».

Por su parte, esta decisión del departamento que dirige Serrat ya fue recibida con gran pesimismo por las asociaciones aragonesas que nacieron con el objetivo de buscar la recuperación de la memoria histórica. «Es lamentable que la DGA no esté dispuesta ya a colaborar en nuestras actividades », señaló Miguel Soriano Catalán, de la Asociación Pozos de
Caudé.