El Departamento de Educación vuelve a tender puentes entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, a la que expuso ayer, a través de la consejera Dolores Serrat, la voluntad del Ejecutivo de "mantener el diálogo" en busca de un "acuerdo" financiero para la institución académica.
Serrat, que aseguró respetar la decisión del rector, Manuel López, de acudir a los juzgados para reclamar 52 millones de euros al Ejecutivo aragonés al considerar que se ha incumplido el acuerdo de financiación firmado en el 2011 con el anterior equipo de Gobierno, remarcó ayer que aquel pacto se condicionó a la disponibilidad presupuestaria de la DGA. "Desde el minuto uno de la legislatura se comunicó al rectorado que el acuerdo era incompatible con la disponibilidad presupuestaria existente", insistió.
La titular del departamento se esforzó en suavizar el conflicto con el rectorado y matizó que "la existencia de una discrepancia no supone una ruptura en las relaciones entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza" y se refirió, en este sentido, a los contactos que mantienen ambas instituciones e insistió en la "voluntad" del Ejecutivo de "mantener el diálogo y de encontrar caminos para el acuerdo".
LA RESPUESTA
Este talante ya quedó patente en la respuesta escrita de la consejera al requerimiento de la universidad. El documento, recibido el pasado lunes por el campus y al que ha tenido acceso este diario, expone que la DGA "no puede atender" la solicitud del rectorado "por cuanto la financiación de la universidad viene condicionada, necesariamente, por las previsiones presupuestarias establecidas en las distintas leyes de presupuestos". Pero Serrat advierte que "no obstante lo anterior, desde el Departamento de Educación se reitera la voluntad del Gobierno de Aragón de buscar un nuevo acuerdo con la Universidad de Zaragoza que permita consensuar unas reglas de financiación que garanticen su estabilidad financiera".
La disponibilidad presupuestaria que, según la DGA, condicionaría el cumplimiento del acuerdo del 2011, queda expuesta en el documento firmado entonces por el rector y el consejero de Universidad, Javier Velasco. En el apartado correspondiente al cálculo de la financiación básica y en la posibilidad de prorrogar su aplicación, el acuerdo expone que el modelo "quedará condicionado a los límites de evaluación presupuestaria de las administraciones públicas de la comunidad autónoma".
La universidad, por su parte, dispone ahora de dos meses para presentar el contencioso que, por primera vez en la historia, llevará a los tribunales al Ejecutivo. Si no hay acuerdo antes.
