Una persona mayor con alzhéimer lleva siete meses en espera de recibir una valoración de dependencia por parte de los técnicos del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón sobre su patología.
El Justicia de Aragón, tras recibir una queja el pasado 7 de marzo, solicita a dicha consejería que proceda a este diagnóstico y apruebe, en el plazo previsto, el Programa Individual de Atención (PIA) que le pueda corresponder. La enferma, debido al alzhéimer, está en una residencia desde el verano del 2014, por la que paga casi 1.900 euros al mes, según cita la sugerencia del Justicia. Además, también tiene reconocido un 70% de discapacidad.
El Justicia de Aragón pidió explicaciones al respecto del caso al Ejecutivo, quien respondió que, "en próximas fechas" al 21 de junio del 2016 se iba a proceder a la valoración de su situación de dependencia. Sin embargo, la institución expone en su sugerencia que "ni en la documentación aportada al expediente ni en la información facilitada" se alude al plazo máximo de resolución.
"Por tanto, el único dato con el que contamos es el relativo al mes de noviembre del 2015, que es cuando se presenta solicitud de dependencia, habiendo transcurrido por tanto más de siete meses, siendo éste un plazo más que suficiente para proceder a la evaluación de la interesada y, en su caso, reconocerla como persona dependiente", esgrime el Justicia.
Y añade: "Cabe destacar que se trata de una señora enferma de alzhéimer, que vive en una residencia que le cuesta casi 1.900 euros al mes. Al no haber sido reconocida como persona dependiente no puede optar al sistema público de plazas residenciales", argumenta. El Justicia apunta a la "imprecisión" de la respuesta emitida desde la Administración y estima una "rápida" reacción ante "situaciones extremas" como esta.
