La salida con polémica de Manuel Ureña del Arzobispado de Zaragoza sigue dando sus coletazos en la institución que ahora dirige Vicente Jiménez. Al juicio por el despido de la notaria del Tribunal Interdiocesado, María del Carmen Amador, --declarado improcedente y por el que tuvo que indemnizarle con varios miles de euros-- y a la denuncia contra ella en el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza se suma una nueva investigación. Esta vez la lleva a cabo la Signatura Apostólica y está dirigida nuevamente en contra de Amador, pero también del que fuera el vicario judicial, Roberto Ferrer, y el profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) Antonio Mas. Les acusa de crear un grupo de presión para "vertir calumnias y difamaciones" contra la Iglesia zaragozana.
La demanda parte de la propia plaza de la Seo de la capital aragonesa y señala que este lobi ha creado un whatsapp bajo el nombre de "Justicia" en el que comparten informaciones, opiniones y estrategias de actuación respecto al arzobispo. "Son todas durante el mandato de Jiménez y parecen actuar como una trama compleja que quiere hacer valer su tesis y derrocar lo establecido en la diócesis tras la renuncia de Ureña", apunta la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
En el escrito en poder de la Signatura Apostólica se describe el papel de cada uno de los denunciados. Del sacerdote Antonio Mas se resalta que "cuestiona sistemáticamente los órganos de gobierno de la diócesis"; de la laica María del Carmen Amador se asegura que "envía fotos y comentarios sobre seguimientos de Ureña y utiliza malas artes para tener acceso a documentos", mientras que al religioso Roberto Ferrer le reprochan el "involucrar al arzobispo emérito Elías Yanes en su trama y no duda en posicionarlo a su favor".
El Arzobispado de Zaragoza también les acusa de convocar reuniones con la curia para buscar adhesiones a su causa. Estas tres personas habrían explicado en estos encuentros el porqué de su intervención en la marcha de Ureña, afirmando que la investigación sobre el seno de la Iglesia zaragozana responde a un "mandato del Papa". El episcopado también les denuncian por filtraciones a diferentes medios de comunicación.
