Los sindicatos CSIF y UGT exigieron al Gobierno de Aragón, y concretamente a la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, que oferte en el próximo concurso de traslados, de ámbito nacional, «todas las plazas vacantes que existen en territorio aragonés». Para estos sindicatos, la DGA «cercena el derecho a la movilidad» de los funcionarios al no ofertar todas las vacantes en este concurso, al tiempo que hace «caso omiso a las directrices de la Administración Pública española, que está apostando por sacar amplias OPEs (Oferta de Empleo Público) para reducir la tasa de interinidad en todas las administraciones hasta dejarla en un 8%, como medida para mejorar el empleo público».

Además, expusieron que han vuelto a solicitar una reunión con el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, con el objetivo de «desbloquear esta situación, injusta para todos», y avanzar en la negociación sindical que a su juicio está faltando durante toda esta legislatura.

Fuentes de la dirección general de Justicia de la DGA expusieron que el aspecto concreto de las ofertas de empleo público a nivel autonómico no está abierto a negociación sindical, por más que se ofrezca la posibilidad de la misma, por deferencia. En cualquier caso, la directriz del empleo público vendría limitada por la de la contención del techo de gasto, límite que han de respetar en los concursos.

Según las mismas fuentes, los planes inmediatos para los funcionarios de Justicia en la comunidad pasan por reforzar la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que en breve comenzará a resolver los recursos de las sentencias de los juzgados penales que hasta ahora revisa el Supremo, tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El cambio de instancia afecta a los procesos iniciados con la reforma, con lo que calculan que el grueso de casos comenzará a llegar entre junio y septiembre de este año.

Las incorporaciones al TSJA se harán a costa de no cubrir vacantes de jubilación en el servicio común de actos de comunicación, cuya carga de trabajo, según sus datos, se ha visto reducida a la mitad en cinco años con las comunicaciones electrónicas,