Los sindicatos CCOO, UGT, OSTA, CSIF y CGT del Ayuntamiento de Zaragoza salieron ayer al paso de las declaraciones del teniente de alcalde de Acción Social, Roberto Fernández, en la comisión de su área por "culpabilizar" a cuatro funcionarias del bloqueo en la tramitación de 1.500 ayudas de urgencia. La Junta de Personal en bloque decidió así plantar cara a algo que, a juicio de estos sindicatos, se produjo como consecuencia de la "falta de planificación y organización" de la jefatura del servicio, no por la irresponsabilidad de las trabajadoras a las que Fernández está culpando.

En un comunicado conjunto, algo que tampoco es muy habitual, los sindicatos especificaron que las cuatro jefas de sección dejaron de tener la competencia en la firma de estas ayudas el pasado agosto, cuando esta labor pasó a ser de los directores de los centros sociales, que no se nombraron "hasta el 31 de octubre".

Los colectivos sindicales aseguraron incluso que el pasado 20 de noviembre dirigieron un correo electrónico a la jefa de servicio "advirtiéndole de que no pueden seguir asumiendo las responsabilidades que tenían anteriormente, ya que podían incurrir en irregularidades administrativas" y le informaron de que "a partir de este momento dejarían de autorizar las ayudas".

Con preaviso y alertando de que ellas no podían seguir autorizando la concesión de unas ayudas de urgencia que sí debían firmar las personas escogidas para esos puestos de dirección. Así que, para los sindicatos, fue "la jefatura de servicio" la que se dedicó "a mirar a otro lado", un hecho "impresentable". Por eso instaron a Fernández a "poner orden en el servicio".

RÉPLICA

Sin embargo, la respuesta del teniente de alcalde nada tenía que ver ayer con estos hechos. En un comunicado, se limitó a negar que existan "conflictos internos" en su área, pese a que unas líneas más abajo insistía en que "unos técnicos intermedios habían decidido no firmar unas 1.500 ayudas" tras la reorganización de personal y que tuvo que ser la jefa de servicio la que las firmara. Como si solo esta fuera trabajadora del área que dirige o si la decisión de las empleadas a las que él señala no suponga una cuestión interna que derivó en conflicto. Así que a Fernández le interesaba especialmente remarcar solo "están pendientes de firma 380" ayudas. Obviando que al acusar a sus empleadas conlleva admitir ese bloqueo a su concesión que él niega.