Un consejo de Gobierno extraordinario dio ayer luz verde al proyecto de ley que reforma el impuesto de Sucesiones de tal modo que este solo afectará a 167 personas, si se tiene en cuenta el número de autoliquidaciones que actualmente superan el nuevo límite exento, que se eleva de 150.000 a 500.000 euros. De este modo, el Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes el proyecto para su tramitación y se prevé su entrada en vigor el 1 de enero del año próximo. No hay plazo para que, como quería el PAR para apoyarlo, pueda entrar en vigor este mismo ejercicio.

El proyecto es fruto del acuerdo alcanzado por PSOE y Ciudadanos para reformar un tributo que la formación naranja considera «injusto». Gimeno volvió a admitir ayer el papel fundamental para la modificación que han tenido las plataformas contrarias al impuesto y que congregaron a miles de personas en la calle en señal de protesta. Tras el acuerdo con Ciudadanos, CHA introdujo varias cláusulas para que se pudiera aprobar en el consejo de Gobierno, al formar parte de él, pero sigue discrepando del contenido del acuerdo y se reserva el derecho a votar en contra durante la tramitación parlamentaria. Este es el sentir del resto de grupos de izquierda y, por el momento, del PP, que mantiene un prudente silencio pero que ya se ha mostrado en más de una ocasión en contra de este impuesto, que por otra parte es estatal y por tanto, del ministerio depende su supresión.

PUNTOS PRINCIPALES / Según los cálculos del Departamento de Hacienda, la modificación del impuesto supondrá una merma de ingresos para las arcas públicas de unos 40 y los 45 millones. Actualmente había presupuestados unos ingresos anuales de 150 millones previstos por este concepto.

Las principales novedades del impuesto es que se eleva la bonificación de 150.000 a 500.00 euros cuando la transmisión sea entre cónyuges, padres,o hijos. Esta cantidad aumenta en 150.000 euros por cada hijo menor de edad, si lo hubiera. También se amplía la reducción a descendientes de distinto grado (nietos y ulteriores) y se elimina el requisito que exigía al heredero no rebasar una determinada cifra de patrimonio previo preexistente. El límite para personas con discapacidad entre el 33% y el 65% se amplía a 575.000 y si es superior, no paga nada. También se aplaza el pago del tributo hasta que el fiduciario designe los herederos y reparto de bienes correspondiente. También se equiparan las parejas estables no casadas con la conyugalidad, en el caso de que haya una convivencia superior a cuatro años.

Según indicó el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, el 99,3% de los aragoneses no pagarán este impuesto tras la reforma, siempre que esta salga adelante. De este modo, solo tendrán que tributar en Aragón por este impuesto alrededor de 167 contribuyentes con herencias de más de 500.000 euros por cada heredero, con una aportación en torno a 30 millones de euros.

Unicamente se beneficiarán de la modificación 1.237 personas con herencias entre familiares directos entre 150.000 y 500.000, dado que ya no pagan el impuesto quienes reciben hasta 150.000 euros (23.439 personas), de forma que se estima una reducción en la recaudación que podrían llegar a los 45 millones de euros.

Ahora se remitirá a las Cortes con la intención de que se tramite en lectura única al ser una ley sin un extenso articulado. Esto significa que no habrá debate para la totalidad y los grupos fijarán posición directamente sobre las enmiendas que pudiera haber y que se incorporarían al texto de la ley en el caso de que se aprobaran. Eso simplificará los plazos y podría debatirse antes del verano.