La mayor parte del presupuesto invertido por las comarcas aragonesas fue para pagar el personal y los gastos corrientes para mantener su actividad. Tan solo el 25% del total de 155 millones de euros (de los que un 22% se debe a modificaciones presupuestarias) se empleó para inversiones y transferencias destinadas a la prestación de servicios. El 40% fue para pagar a los más de 2.100 trabajadores de las comarcas, y el 27% para gasto corriente.
Asimismo, otro dato relevante demuestra la baja ejecución de las inversiones reales, apenas el 56% de lo presupuestado, lo que supone 14,7 millones de los 26 destinados a este capítulo. Los 18 millones de euros destinados a subvenciones se emplearon en 5.736 acciones.
Estas son algunas de las conclusiones que aparecen en el informe de fiscalización de las entidades comarcales en el año 2011 que ayer hizo pública en su web y remitió a las Cortes la Cámara de Cuentas de Aragón, que ha emitido más de 50 recomendaciones para mejorar el funcionamiento de estas administraciones supramunicipales. Entre ellas, reclama más transparencia en las contrataciones a través de lo distintos perfiles del contratante, así como justificar las elecciones del procedimiento empleado para las mismas.
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En este aspecto, la Cámara de Cuentas recomienda utilizar de forma restrictiva "el procedimiento negociado sin publicidad, ya que aun cuando se utilice en los supuestos permitidos por la ley, su empleo conlleva merma de los principios de publicidad y concurrencia, y menor economía en el gasto público. En el momento de la elección del procedimiento, tener en cuenta que es un procedimiento complejo que obliga a negociar efectivamente, no pudiendo convertirse en un concurso simplificado o en una adjudicación directa". También exige más clarificación en el proceso de subvenciones, reclamando más transparencia y sugiriendo la creación de un plan estratégico y debidamente justificado.
Uno de los aspectos que constata la Cámara de Cuentas es que el presidente y el consejo comarcal de siete entidades adoptaron 96 acuerdos en contra de los reparos formulados por la Intervención. Destacan en este punto las comarcas de Campo de Borja, Bajo Martín y Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp con 30, 18 y 14 acuerdos respectivamente. Se trata en su mayoría de reparos formulados por no haber seguido el gasto la tramitación legal o reglamentariamente establecida.
En materia de contratación (en una muestra de 21 contratos celebrados por Administraciones Públicas) se detectaron en diez contratos la falta de fiscalización previa del acuerdo de licitación; en 12 contratos, la falta de fiscalización previa del acuerdo de adjudicación del contrato; en todos los contratos de obra (tres) la falta de fiscalización previa del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y en un contrato, la falta de fiscalización previa del acuerdo de prórroga.
FALTA DE FISCALIZACIÓN
En materia de concesión de subvenciones (en una muestra de 55 expedientes, 13 en concurrencia competitiva y 42 de concesión directa) se ha detectado en diez expedientes, la falta de fiscalización previa del acuerdo de aprobación de la convocatoria; en 41 expedientes, la falta de fiscalización previa del acuerdo de concesión de la subvención y en 35 expedientes, la falta de fiscalización previa del acuerdo de aprobación de la cuenta justificativa.
No en vano, la Cámara de Cuentas detecta que solo en 3 de las 32 comarcas (Ribera Baja del Ebro, Sobrarbe y Tarazona y el Moncayo) la intervención fiscalizó toda la actividad económica.
