De los 20 millones que el Ayuntamiento de Zaragoza reclamará a la antigua contrata del bus, TUZSA, por los bonos que permiten a los familiares disfrutar de la gratuidad del servicio, solo podría recuperar 6. Esta es la deuda correspondiente a los años comprendidos entre el 2009 y el 2013, la anterior al 2009 está prescrita. Los 20 millones se integran en el total de los 51 que el consistorio pedirá a la contrata que le devuelva por "enriquecimiento injusto"

La antigua contrata del bus lleva años cargando a las arcas municipales el coste que supone que los familiares viajen gratis. Un beneficio que se acordó por convenio en 1982 con un importe de 9 euros para los empleados en activo y parientes directos y de 60 euros para las esposas y viudas de jubilados. Desde entonces nunca se ha hecho una revisión de estos precios, lo que supone "una alteración del equilibrio económico inicial del contrato", según la auditoría realidad por la empresa More Stephens.

EN NÚMEROS Desde el 2009, el coste de los bonos se ha incrementado un 22,5%. La suma de los cinco años supone 6.344.950 euros. Esta es la cantidad que el consistorio podría exigir a TUZSA. La concesionaria solo ha pagado 355.740 euros por liquidación. En 2013 se han expedido 5.238 bonos frente a los 4.894 del 2009. Todos los trabajadores tiene derecho a solicitarlo pero no el ayuntamiento de pagarlos. Según el documento jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza que ha servido como base para la auditoría, no tiene por qué asumir este gasto acordado entre la empresa y el comité donde el consistorio no tuvo ni voz ni voto.

La dirección de la concesionaria explicó que desde hace cuatro años "se reflejan los usos de los bonos en cada nónima para su posterior retención de IRPF" y el coste del billete no tiene ningún tipo de descuento.

Y mientras ambas partes reclaman su dinero --TUZSA ha requerido por la vía judicial 16 millones de euros por revisión de precios del 2011 y del 2012 y alrededor de 18 por certificaciones pendientes-- la Comisión de Vigilancia de la Contratación acordó ayer solicitar la comparecencia tanto del vicealcalde y titular de Hacienda, Fernando Gimeno, como de la responsable de Servicios Públicos, Carmen Dueso, para explicar el resultado de la auditoría y pedir una explicación sobre por qué no se ha actuado hasta ahora. También, solicitarán un informe de todos los contratos que el consistorio haya firmado con empresa.

Lejos de la deuda, los trabajadores votarán hoy si aceptan modificar el convenio y que las horas extra sean compensadas con días de libranza y si se inicia la huelga el próximo sábado.