«El ayuntamiento se enroca pero no se sienta a hablar de lo que dice el informe. Si se niega a sentarse, tendremos un problema. Las cosas se solucionan hablando». Con estas palabras, el consejero de Vertebración Territorial de la DGA, José Luis Soro, apostó por intentar acercar posturas en la reunión convocada para mañana de la comisión de seguimiento del convenio del tranvía para debatir la segunda propuesta de liquidación, enviada la semana pasada, en la que se insiste en zanjar la deuda en 7,9 millones.

Una solución a la que Zaragoza en Común (ZeC) se niega, porque reclama 39,7 millones y porque, según dijo el teniente de alcalde de Economía, Fernando Rivarés, no hay nada que discutir hasta que «en 10 o 12 días» esté terminada la auditoría externa encargada por el consistorio.

A juicio de Soro, la reclamación del consistorio tiene difícil sustento jurídico, tomar las cantidades fijadas en el convenio como «cuantías cerradas» que la DGA ve como «pagos a cuenta» que deben luego sustentarse en base a la ley de subvenciones. Rivarés, por su parte, sigue sin descartar la vía de los tribunales.