El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha reclamado lealtad institucional a Madrid para que la comisión bilateral Aragón-Estado se convoque "cuanto antes", porque de lo contrario se "complican" las cosas con las líneas regionales de ferrocarril.
En su comparecencia ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de las Cortes para informar sobre las negociaciones con Renfe de cara al mantenimiento de las líneas regionales de ferrocarril, a petición del PAR, el consejero ha insistido en que ha hecho todo lo que ha podido para negociar un convenio justo y que, a la vez, no se perdieran estos servicios.
Así, ha relatado los hechos ocurridos desde que en diciembre de 2012 el Consejo de Ministros no otorgara la declaración de obligación de servicio público a varios trayectos que discurren por Aragón, tras lo que, desde julio de 2013 hasta finales de 2015, se contrataron siete nuevos trayectos para reforzar estas líneas, que debía sufragar la comunidad autónoma.
Ha explicado también que a su llegada al Gobierno se encontraron con este acuerdo y con una deuda de más de 6,5 millones de los 8 del total de estos trayectos, que abonó el ejecutivo PSOE-CHA.
Entonces, trasladó a Renfe que Aragón no estaba dispuesta a sufragar unos trayectos que entiende debían haber sido declarados como obligación de servicio público y que no lo fueron porque Moncloa había adoptado criterios "economicistas" y no tuvo en cuenta las sensibilidades territoriales.
Por ello, acordaron con la empresa pública que se siguieran prestando los mismos servicios a la espera de que la comisión bilateral pactara sobre esta cuestión, algo que fue imposible a lo largo de todo 2016 debido a la situación de interinidad en Madrid por la falta de Gobierno.
En este sentido, la DGA incluyó una partida presupuestaria provisional de 4,3 millones de euros para estos servicios, así como un periodo de carencia hasta que la bilateral decidiera sobre los mismos, pero que estipula que de no haber un acuerdo con el Estado sería el Gobierno autonómico quien abonaría la mitad de su coste a fecha de 31 de julio y las otras dos cuartas partes, el 30 de septiembre y 30 de noviembre, respectivamente.
Soro ha expresado que confía, no obstante, en que esas cantidades no se deban pagar y que las debe asumir el Gobierno central, que es a quien corresponden las competencias.
Por último, ha defendido la intermodalidad y ha considerado que las actuaciones que ha comenzado a llevar a cabo el Gobierno en el tramo entre Teruel y la localidad castellonense de Barracas no son suficientes.
La diputada proponente, la aragonesista Berta Zapater, ha subrayado que no se conforman con dichas obras y ha instado al consejero a resolver el problema, porque los ciudadanos no entienden sobre a quién corresponden las competencias.
Ha preguntado también sobre las cuestiones que el Gobierno pretende plantear a Renfe y a Adif para conseguir un convenio mejor y si es la comisión el único foro en el que se va a intentar lograr un acuerdo.
En el turno del resto de grupos, el popular Javier Campoy ha tachado de "tontería" las intervenciones de PSOE, Podemos y CHA y ha insistido en que el ejecutivo anterior no dejó "ni deuda, ni pago, ni invitar a la ronda, ni pufo".
Ha aprovechado también para reclamar a Soro que indique cuáles son sus prioridades en materia de movilidad, en la que ha citado especialmente las necesidades del transporte por carretera.
Fernando Sabés (PSOE) ha considerado que el problema está en la definición de servicio público, que "algunos" en 2012 hicieron de forma "muy clara" y que "lastraba" a muchos rincones del Aragón despoblado, en referencia al Gobierno dirigido por Mariano Rajoy.
Por Podemos, Ignacio Escartín ha hablado de "pufo" dejado por el PP y el PAR y ha insistido en que la situación actual del ferrocarril en Aragón es "muy mala" debido a los sucesivos gobiernos socialistas y, sobre todo, populares.
Jesús Sansó, de Ciudadanos, ha instado a ser "honestos" y a plantear qué obligaciones de servicio público se quieren dar y cómo se van a financiar, además de a sentarse y "rebajar el tono".
En representación del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha denunciado que en la legislatura pasada "Madrid decidía lo que había que hacer, Alarcón -el anterior consejero- invitaba a la ronda y encima no la pagaba", y ha lamentado que tiene la impresión de que ni a Renfe, ni al ministerio, ni a nadie "le interesa" que se resuelvan estas cuestiones.
