El presidente de la patronal de constructoras y concesionarias Seopan, Julián Núñez, mostró ayer su «sorpresa» por la decisión del Gobierno central de acabar con los peajes de las autopistas cuando cumpla el plazo de las concesiones. Entre ellas, el de la AP-2 a partir del 1 de septiembre del 2021. «¿Quién va a pagar la fiesta?», se preguntó en un curso de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El líder patronal aseguró que el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no le había comunicado sus planes. «No nos había avisado, no ha habido contacto previo ni se había comentado nada. Nos sorprende un anuncio de ese tipo, que es muy relevante», lamentó. También aseveró que la decisión supone ir en «vía contraria a la que está vigente en Europa y que pasa por conseguir recursos en carreteras con peajes para destinarlos a la agenda social».

El responsable de Seopan apostilló que los contribuyentes van a verse obligados a subvencionar a los conductores («20.000 señores») que utilizan estas autopistas, mientras que los ingresos que hubieran generado a largo plazo con esos peajes podrían haber permitido construir un hospital o una universidad.

Más inversión // Las concesionarias de autopistas españolas facturaron un total de 1.836 millones de euros, y el presidente de la patronal puso en valor que mientras más ganan, más impuestos pagan. Desde Seopan, aseguró, se defiende un modelo viario que evite la desigualdad entre usuarios con el resto de modos de transporte, ya que en el aéreo, ferroviario o portuario los usuarios abonan, de una manera y otra, tasas. Mientras, argumentó, en las carreteras, salvo la red de autopistas, el usuario no paga más que la gasolina que gasta en el viaje.

También lamentó que en España se hayan construido infraestructuras «ineficientes», pero afirmó que solo son un dos por mil del total. Además, esgrimió la necesidad de inversión pública en infraestructuras prioritarias en el país y estimó que su cuantía es de 114.000 millones de euros.

LA AP-68 NO ENTRA // En concreto, sobre la autopista AP-1, que une Burgos y Armiñón (Álava) y cuya concesión vence el 30 de noviembre, Núñez expueso que «no tendría mucho sentido que en esta autopista se levantara la barrera». El ahorro de recursos públicos en gastos de mantenimiento junto a los ingresos fiscales que proporciona esta vía totalizan anualmente 30 millones de euros, comentó.

Además alertó de que «con independencia de lo que se haga, la AP-1 va a necesitar una importante renovación y una ampliación de la capacidad que tendría un coste de 320 millones de euros». A ello se une que si se libera de peaje la intensidad media diaria del tráfico se elevaría un 36%, hasta 27.100 vehículos.

Por otra parte, en el listado del Ministerio de Fomento no entra la otra autopista que atraviesa Aragón, la AP-68.