Después de nueve meses entre rejas, la única sospechosa hasta el momento del asesinato de Luis Miguel Julián Hernández, en octubre del año pasado en Calatayud, ha sido puesta en libertad. La Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de concedérselo con la única condición de que Juana Martín Moreno pague una fianza de 6.000 euros y que firme en el juzgado los lunes.

Una decisión que no es habitual en delitos de sangre y menos cuando no se han cumplido los dos años que la ley establece como máximo para esta medida provisional, aunque puede ser prorrogable en situaciones excepcionales.

Sobre este asunto, los magistrados señalan "que para privarse de libertad a una persona han de constatarse razonables sospechas de responsabilidad criminal, ya que, hasta que no recaiga condena sobre el imputado, este goza del derecho a la presunción de inocencia, debiendo de verificarse la existencia de tales indicios o sospechas como presupuesto imprescindible para evitar que se le sancione por medio de la prisión provisional".

Apuntan que durante la instrucción "podía estar justificada esta situación, pero que, ahora, dado el tiempo transcurrido se puede sustituir por otras modalidades". Dan la razón a su abogado defensor, Juan Manuel Martín Calvente, quien señaló en su recurso que los vestigios que hay contra ella son "endebles y diabólicos".

Una de las pruebas fundamentales para la Policía Nacional es la grabación de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio en el que se produjo el crimen. Sin embargo, este letrado destaca, entre otras cuestiones, que "las imágenes tienen un desajuste horario, siendo la hora real casi una hora más de la que aparece en la pantalla" o que la "deficiente calidad impide determinar si se trata o no de la misma persona". En ellas se observa a Juana Martín entrando y saliendo del edificio con el pelo mojado, circunstancia que para los investigadores indica que se lavó y que limpió la escena del crimen para eliminar pruebas.

La investigación señala que ese vídeo coincide con lo manifestado por una de las vecinas del inmueble, según la cual, "sobre las 23.00 horas, una señora llamó a su domicilio por el portero automático pidiendo que le abriera la puerta, manifestándole que era amiga de Luis Miguel". Para Martín Calvente, esto es un indicio "débil" y se pregunta: "¿Por qué se supone que es un hecho irrefutable que fue Juana Martínez la que llamó al telefonillo? ¿Y si fue otra mujer quien entró antes o después de la señora que se ve en la videocámara y se mantuvo en el domicilio hasta que se hizo de día?".

La defensa subraya en este aspecto que, si se da por bueno --y así lo admite la propia procesada-- que Juana Martín era visitante asidua a la casa, "es evidente que no precisaba del auxilio de terceros para entrar, no tiene sentido que llamara al telefonillo".

El abogado también resalta que las pruebas de ADN recogidas por la Policía Científica no sitúan a Juana Martín en el lugar del crimen.