Stop Desahucios Zaragoza asistió ayer a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes de Aragón para alertar a los grupos políticos de que la legislación aragonesa en materia de viviendas no funciona. «La pobreza se está convirtiendo en estructural», advirtió la portavoz de la plataforma, Concha Cano, quien puso como ejemplo que el año pasado se produjeron 1.786 desahucios en Aragón (más que en el 2014), y apenas 90 fueron realojados.
Según alertó la plataforma, el artículo 19 de la ley del 2016, que en teoría ampara todas las situaciones de vulnerabilidad, no se aplica, y solo se conceden viviendas a los casos más extremos, y con un reparto desigual. Como ejemplo, señaló, una persona sola que no llegue a 11.200 euros anuales de ingresos sí estaría legalmente desamparada, pero una familia con tres hijos y 11.300, no, por los cálculos del IPREM.
Además, incluso quienes son vulnerables ven sus solicitudes rechazadas por cuestiones nimias como un documento caducado.
Para la plataforma, el problema es que no hay casas: «Si no hay, díganlo, porque la gente se está quedando en la calle». Cano advirtió, además, de los «desahucios invisibles» que vienen, de gente que termina contratos de alquiler y no pueden asumir las renovaciones al alza.
