Las asociaciones de consumidores advierten de la nueva situación que está generando la crisis económica en la compraventa de vivienda. La Asociación de Consumidores y Usuarios Informacu Aragón admite la gran cantidad de reclamaciones y consultas que están recibiendo este año de ciudadanos que en su día compraron una vivienda en construcción y que ahora que el plazo de entrega está próximo no pueden pagarla. Y la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) añade que esta situación, agravada desde el verano, está afectando mayoritariamente a jóvenes, pero también a mayores de 50 años y a jubilados con su segunda vivienda.

Informacu Aragón ha englobado esta casuística en cinco tipologías. La primera es cuando los compradores han modificado sus requisitos para obtener la financiación necesaria y ahora no se les concede el préstamo hipotecario. También las entidades bancarias exigen ahora más avales con nóminas en lugar de inmuebles o pisos. La segunda, cuando obtienen la hipoteca pero no pueden asumir las mensualidades por las constantes subidas de los tipos de interés. La tercera, cuando pensaban asumir parte del pago con el dinero obtenido por la venta de otra vivienda que sigue en el mercado.

La cuarta, cuando intentan resolver el contrato porque han detectado que en la actualidad el propio promotor vende pisos similares, incluso dentro de la misma promoción, a un precio más barato. Y la última, quienes quieren rescindir el contrato de compraventa por el incumplimiento de las obligaciones del promotor, como la tardanza del inicio de las obras.

Todo esto coloca en una situación muy delicada al sector de la construcción, ya de por sí bastante tocado con la crisis del ladrillo. De ahí que las promotoras, en general, "no devuelvan las cantidades entregadas a cuenta alegando incumplimiento de contrato por parte del comprador", insisten en Informacu-Aragón. No obstante siempre es preferible solicitar dicha rescisión, aun con penalización. "Lo primero es renegociar con el banco un posible aplazamiento de las letras. Y si se continúa en esa situación, la entidad bancaria puede abrir un procedimiento judicial mediante el cual embargará la vivienda y la subastará", añade Alicia Arbe, desde la UCA. Por su parte, Informacu-Aragón recomienda exigir la reciprocidad en las obligaciones y condiciones de las dos partes y la prohibición de cláusulas abusivas. Todos coinciden, sin embargo, en descartar en lo posible la vía judicial.