La Fiscalía del Supremo dictó ayer una providencia en la que entiende que la Sala II del Alto Tribunal es competente para juzgar a Lluís Puig y Santi Vila, consejero y exconsejero de Cultura, respectivamente, de la Generalitat, por la presunta comisión de delito de desobediencia «expresa» al hacer caso omiso «al menos a tres mandatos» del Juzgado número 1 de Huesca para que entregaran 44 piezas del tesoro artístico del monasterio de Sijena que se encuentran depositadas en el Museo Diocesano de Lérida.

Asimismo, el ministerio público considera que Vila, que ayer dimitió como consejero de Empresa de la Generalitat (circunstancia por la que ya ha perdido el fuero y podría ser juzgado por un tribunal ordinario), pudo incurrir en el delito de prevaricación, pues, «subvirtiendo el orden constitucional» al no obedecer resoluciones judiciales, dispuso que no se podía devolver las piezas reclamadas «porque significaría disgregar la colección del Museo de Lérida». La Fiscalía señala que reconoció que había sido requerido «para ejecutar lo contrario» de lo que él había dispuesto. Sin embargo, en lo que respecta al delito de apropiación indebida por el que también fueron denunciados por el letrado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, el fiscal no ve delito alguno, si bien la última palabra la tiene la Sala II del Supremo.

La providencia establece, por otro lado, que el órgano encargado del caso estará compuesto por cinco magistrados, en lugar de tres, dada la importancia del asunto, según señaló ayer el abogado del municipio oscense. Por otro lado, la resolución mantiene que la competencia para juzgar el asunto corresponde al Tribunal Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que pertenecen los aforados de esa comunidad, dado que los delitos de desobediencia y prevaricación no se pueden escindir. Asimismo, prevalece la Justicia en Huesca debido que el lugar al que hay que devolver los bienes se halla en esa provincia.

El siguiente paso en el prolongado proceso del monasterio de Sijena (del que la Generalitat ya devolvió medio centenar de piezas en julio del 2016) será la decisión de la Sala II del Supremo sobre la admisión de la denuncia y su competencia en el asunto.

«Ni que decir tiene que la carrera política de Santi Vila me temo que llega a su ocaso», manifestó ayer Español. En su opinión, el dictamen del ministerio público «puede tener efectos muy favorables en la causa del obispado de Barbastro-Monzón», que reclama desde hace años 113 obras de arte de parroquias aragonesas que se hallan retenidas en el Museo de Lérida.