El Tribunal Supremo ha hundido casi definitivamente --aún es posible recurrir al Constitucional-- el viejo sueño del Gobierno aragonés PSOE-PAR (mantenido por el PP-PAR) de ampliar la estación de esquí de Cerler por Castanesa. Un proyecto que, en su concepción original (de hace una década), iba a convertir la zona en el dominio esquiable más grande de Europa, con 3.500 viviendas de segunda residencia y una amplia zona de servicios. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló el plan en el 2014 y el Supremo ha respaldado ahora la decisión.

El conflicto se gestó en el 2004, cuando comenzó a prepararse la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, que afectaba a 17 pequeños municipios de la Ribagorza. Pero no fue hasta el 2006 cuando se aprobó. Y en su tramitación, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) no realizó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que requería la legislación.

Lo hizo, como ya determinó el TSJA, alegando que "era inviable", dado lo avanzado de la tramitación. Pero para el Supremo, como antes para el tribunal aragonés, esta decisión fue "arbitraria y carente de motivación", porque el cambio del PGOU no estaba ni aprobado inicialmente. Y se acordó definitivamente dos años después, en el 2008, por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio de Huesca.

El TSJA "se cargó de razón" al anular el plan urbanístico de raíz por esta falta de trámites, asegura la Sección Tercera del Supremo. Y tuvo en cuenta además que la zona a la que iba a afectar este macrocomplejo de esquí es de alta calidad ambiental, perteneciente a la Red Natura 2000. Y que la infraestructura planeada --incluso con un helipuerto-- iba a causar un "gran impacto" en la zona.

Así pues el Tribunal Supremo, resumiendo, da la razón por completo al TSJA. Y con él a la asociación Naturaleza Rural, que sostuvo este proceso judicial desde el principio con su recurso ante la aprobación del PGOU de Montanuy.

La decisión del tribunal aragonés fue recurrida por las tres entidades que se consideran perjudicadas, dos administraciones --el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Montanuy-- y una empresa, Castanesa Nieve SLU. Fuentes de la DGA indicaron ayer que esperarán a estudiar la sentencia antes de valorarla. Y decididirán si recurren ante el Tribunal Constitucional para mantener el pleito (y el macroproyecto) vivo.