La condena de cuatro años de prisión impuesta al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; al exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y al constructor Agapito Iglesias, por el caso pagarés de Plaza sigue sin ser firme, año y medio después de que la firmara la Audiencia Provincial de Zaragoza. Y es que la complejidad en la revisión del caso ha llevado al Tribunal Supremo a reunir a un órgano excepcional, denominado pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal, que está formado por 17 magistrados. Y es que los jueces encargados de revisar este asunto en el Alto Tribunal así lo solicitaron. Será el próximo 25 de este mes, tal y como ha podido saber EL PERIÓDICO.
Sobre la mesa está si la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) es considerada o no una empresa pública. Inicialmente, el 100% del capital de esta sociedad procedía del erario, si bien posteriormente entraron dos entidades bancarias. De ello depende la acusación de malversación de caudales públicos por la que fueron condenados los tres procesados.
La Audiencia de Zaragoza les hizo responsables de la malversación de 8,7 millones de euros en una operación inmobiliaria de la que se benefició Codesport, la sociedad de Agapito.
