El plan de depuración desarrollado en Aragón desde comienzos de siglo se ha cumplido tanto en lo referente al Pirineo como en lo que concierne al resto de obras previstas en la comunidad. Así lo aseguró ayer el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Rafael Romeo García, que compareció ante la comisión de investigación de las Cortes autonómicas que intenta dilucidad responsabilidades políticas en una cuestión que divide a las distintas fuerzas parlamentarias.

«En el periodo en que yo fui presidente de la entidad, se cumplieron todos los objetivos», insistió Romeo, que explicó que se trataba de proyectos de «interés general» que, por el sistema de encomienda de gestión, pasaron a delegarse en el Gobierno de Aragón, el cual recurrió a la colaboración público-privada para llevarlos adelante.

Sin embargo, Marta de Santos, presidenta de la Comisión por Podemos, aseguró que «no se cumplió la finalidad del plan» porque parte de los fondos (169 millones inicialmente) se destinaron a otra «lista de obras» hidráulicas del Gobierno de Aragón.

«Se cumplieron las dos cosas», replicó Romeo, que posteriormente, al final de su comparecencia, respondió con un escueto «sí» a la afirmación de la presidenta de la comisión de investigación según la cual no se cumplieron todos los objetivos del Pirineo porque los fondos se dedicaron a otras partes de la comunidad.

«FÉRREO CONTROL» / Por su parte, María Herrero, en representación del PAR, enumeró los objetivos del convenio firmado por las diferentes administraciones sobre depuración, que en uno de sus puntos recogía, además del Pirineo, el plan integral de Aragón.

Rafael Izquierdo Aviño, que fue director del Instituto Aragonés del Agua (IAA) entre el 2008 y el 2010, negó «cualquier tipo de desvío de fondos», que calificó de «imposible por el férreo control del Estado».

Izquierdo justificó el paso al sistema concesional público-privado en el hecho de que el Gobierno de Aragón carecía de los recursos económicos necesarios «para realizar esa cantidad ingente de infraestructuras». En su opinión, el proceso de construcción de las depuradoras se vio afectado de lleno por la crisis económica y financiera, lo que derivó en «dificultades y retrasos».

Julio Sánchez Méndez, asesor de contratación de la DGA, aseguró que él «nunca» vio «nada raro» en la gestión del plan por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y subrayó que «recomendaría» el sistema concesional utilizado en el Pirineo.