El retroceso en la aplicación de la Ley de Dependencia y la demora, dudas, vaivenes y denuncias acerca del pago del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) han vuelto a encabezar los conflictos más destacados en servicios sociales a lo largo de este último año. Aragón es, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la comunidad española que ha sufrido un mayor retroceso en su aplicación. 8.314 aragoneses, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, no perciben prestación.
En febrero, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que incluía como principal novedad el acceso a estas ayudas personas que han perdido su empleo y agotado las prestaciones y subsidios. Además, para evitar el denominado efecto llamada, la ley fijaba como intervalo de edad de los beneficiarios de la prestación entre los 25 y los 65 años y menores de 25 años con menores o discapacitados a su cargo que procedan de instituciones de tutela a menores o sean huérfanos de padre y madre. En enero, el número de perceptores era de 5.775 personas, aunque colectivos y sindicatos alertaron de que los nuevos requisitos podrían dejar fuera de la prestación a 2.500 personas.
El cierre de la residencia de Movera y del centro terapéutico de El Frago han provocado, asimismo, numerosas quejas y movilización social.
