El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso promovido por el grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Aragón, por las modificaciones que introduce en la norma relativa a aguas y ríos de la Comunidad.
Según ha informado el alto tribunal en un comunicado, el pleno de la institución ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como a la Diputación General de Aragón y a las Cortes aragonesas, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
Representantes de Zaragoza en Común, encabezados por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de Podemos y activistas de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), presentaron a finales de abril este recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del impuesto de contaminación de las aguas (ICA) en la capital aragonesa.
Más de 50 diputados y diputadas de los grupos parlamentarios de Podemos-En Común-En Marea y de Izquierda Unida-Unidad Popular, entre ellos sus líderes estatales, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, firmaron el recurso, que pretende paralizar un impuesto "injusto" que, según dicen, el Gobierno de Aragón quiere hacer recaer en los bolsillos de la ciudadanía.
El recurso es contra varios apartados del artículo 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Aragón, modificatorios de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón y se basa en la vulneración del principio de autonomía local, de los principios rectores de la imposición medioambiental de las normas europeas, en especial los principios de recuperación de las inversiones y quien contamina paga.
La competencia de saneamiento, como la de abastecimiento de agua urbana, corresponde a los ayuntamientos y los recurrentes alegan que el Gobierno autonómico invade esas competencias al imponer un impuesto que los habitantes de Zaragoza ya vienen pagando desde hace más de 25 años. La factura de saneamiento podría llegar a subir más de un 60 %, calculan.
