El Tribunal Constitucional (TC) ha prorrogado la suspensión de varios de los artículos más controvertidos del decreto urgente de emergencia social que el Gobierno de Aragón aprobó el año pasado, y que quedaron paralizadas por el recurso interpuesto por el Gobierno central, aun estando en funciones.

El Gobierno solicitó suspender los artículos que hacen referencia, entre otras, a la prohibición de desahuciar a familias en riesgo de vulnerabilidad sin ofrecerles alternativa habitacional, o a la obligación por parte de la Sareb (el banco malo) a ceder inmuebles vacíos para la bolsa de vivienda, con compensación.

El TC, como argumentaba el abogado del Estado, se basa en informes del Banco de España y otros organismos económicos para considerar que estas medidas amenazan la estabilidad del sistema financiero, al crear «desconfianza» en los inversores y amenazar al plan de negocio del banco malo. También apuntan que otras medidas, como la obligación de acudir a la mediación en los desahucios, invade competencias estatales porque la moratoria de desahucios estatal no obligaba al uso de este mecanismo.

La decisión, como adelantó Público, cuenta con el voto discrepante de tres de los once magistrados del TC, que valoran que el auto, como los que antes suspendieron las leyes de Andalucía, Navarra o País Vasco, se basa en una delicada situación económica sin tener en cuenta «la reconocida mejoría de la situación macroeconómica en España».

Al justificarlo también con los «compromisos internacionales de España», como el Mecanismo Europeo de Sostenibilidad, lo que hacen de facto es impedir reformas durante hasta 15 años, por analogía europea. «Ello constituye una concepción altamente perturbadora para el ejercicio efectivo de la competencia autonómica exclusiva en materia de vivienda», concluyen los díscolos.

En el lado bueno, desde la perspectiva aragonesa, el TC levanta el veto a la inembargabilidad de las ayudas sociales, pese a que el Abogado del Estado apostaba por mantener en suspenso esta medida. Es decir, al menos hasta que decidan sobre el fondo, estos ingresos serán intocables en casos de vulnerabilidad social.