Reforzar la figura del director ambiental y que se tenga más en cuenta su papel fue una de las principales reivindicaciones que se recogieron en uno de los debates abiertos que tuvo lugar en el IX Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Coneia) celebrado en Zaragoza desde el miércoles hasta ayer.

«En muchos proyectos, excepto en los más abanderados no se contemplaba la figura del director ambiental por lo que la balanza no está equilibrada entre él y el director de obra», destacó Emilio Espinosa, de Acciona infraestructura.

Ponentes y congresistas polemizaron acerca de la eficacia de la vigilancia o seguimiento ambiental, que «se debe realizar durante las fases de construcción, explotación y desmantelamiento», apuntó Eugenio Domínguez, de la subdirección General de Evaluación Ambiental Ministerio de Agricultura y Pesca.

En este sentido, los ecologistas pidieron que se realicen más informes de seguimiento, puesto que «una inspección periódica serviría para que el promotor se viera en la obligación de poner en marcha la vigilancia ambiental puesto que a veces son inexistentes en la fase de explotación y tan solo se encuentran algunos en la de construcción», apuntó uno de los congresistas.

Asimismo, se debatió la cuestión sobre en quién recae la responsabilidad de esta vigilancia, puesto que la legislación varía entre unas comunidades autónomas y otras, y también difiere entre los proyectos públicos y privados, ya que se delegan las competencias entre los órganos sustantivos, los ambientales y las promotoras. Como solución a este conflicto, Domínguez propuso la autoevaluación, lo que fue matizado por algunos congresistas que matizaron que para ello sería necesario tener previsto un mecanismo capaz de asumir responsabilidades. En este aspecto, Jon San Sebastián, de Tragsatec, aportó como solución la participación pública y la coordinación entre los diferentes organismos.

A lo largo del Coneia, se trataron temas otros temas como el impacto social en la evaluación ambiental, las adaptaciones legislativas a las normas autonómicas o herramientas contra el cambio climático.