Era julio del 2013 cuando un trabajador de Acciona en Plaza, Francho Chabier Mayayo, entraba en la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, para denunciar una trama de favores entre constructores y trabajadores que, supuestamente, estaba minando las arcas de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Rápidamente, el ministerio público, de la mano de la Policía Nacional, puso en marcha una investigación que bautizó como Decken --tejado, en alemán--. Un año y medio después las pesquisas apuntan al exviceconsejero Carlos Escó y amenazan con derrumbar la techumbre de la gestión realizada por el anterior Gobierno PSOE-PAR.
No estaba en las previsiones de los investigadores, ya que en la querella inicial no se hablaba de la responsabilidad de ningún político. En ella aparecía el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; los responsables de Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, y el auditor de obras, Nico Groeneveld.
La Fiscalía les señalaba como presuntos artífices de cuatro irregularidades: sobrefacturación de las obras ejecutadas, aumentando los precios reales y simulando mayores medidas en lo realizado; pagos en especie a los directivos --obras en chalets, regalos-- con cargo a Plaza; simulación de saneamiento de tierras para ocultar las certificaciones ficticias o el cobro de obras que no eran ejecutadas. De ahí que todos esos sospechosos fueran arrestados un 15 de agosto del 2013. No hubo puente de la festividad de la Virgen para ninguno de ellos. A García Becerril le arrestaron cuando estaba en Salou, hallando en su casa más de 400.000 euros debajo de un colchón.
La elección de la fecha no se basó en amargar vacaciones, sino en evitar la destrucción de papeles. Por ello, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entró en las oficinas de la UTE Acciona - MLN de la que se llevaron cuarenta cajas de documentos, pendrives y ordenadores. Hicieron lo mismo en las oficinas de Plaza.
Como consecuencia de ello, la Policía descubrió que, al parecer, se había diseñado una trama entre trabajadores de la UTE, la gerencia de Plaza, constructores y amigos o familiares para saquear la inversión de uno de los proyectos estrellas del anterior Ejecutivo autonómico. Una veintena de personas imputadas hasta ese momento.
Cuando parecía que las termitas solo afectaban al decken de Plaza, los investigadores observaron que también podía haber en el Pignatelli. El análisis de unos correos electrónicos del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, al miembro del consejo de administración, José Luis Marqués, hacía pensar que las irregularidades eran conocidas por algunos responsables políticos de la entonces DGA.
El exgerente explota en varios correos y arremete contra Escó, señalando hasta siete adjudicaciones de obra que habría otorgado a dedo a amigos. Unos emails que han hecho que Anticorrupción haya pedido al juez instructor, José Ignacio Martínez, que se impute al exviceconsejero.
Por el momento es el primer miembro del Gobierno de Marcelino Iglesias que puede estar implicado en este caso, si bien la causa no está cerrada. Y es que todavía queda el análisis de los servidores de Plaza para saber si hay alguna información que no esté en la ingente documentación intervenida por la Policía. De la DGA no han podido hacerlo, ya que están borrados.
Queda esclarecer qué miembro de una de las consejerías instó a hacer hasta una tercera vuelta para que la UTE liderada por Acciona ganara los contratos, en contra de otras constructoras que también estaban interesadas en llevar a cabo el proyecto. Uno de estos emails señala al exconsejero Javier Velasco, ya que estaba enviado a la dirección de su secretaria.
La asistente de quien fuera consejero de Economía antes de irse a presidir el Real Zaragoza, Eduardo Bandrés, también recibió un mensaje en el que García Becerril le instaba a tratar en el consejo de administración de Plaza del 15 de octubre del 2013 una serie de irregularidades. El tiempo lo dirá.
