El representante de los propietarios de los terrenos de caza de Bastarás (Huesca), en cuyo interior se localizaba la Cueva de Chaves, destruida a pesar de ser uno de los yacimientos del neolítico más importantes del país, ha testificado hoy que el empresario del carbón Victorino Alonso firmó el contrato de gestión del coto.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, este testigo ha reconocido su firma en un contrato suscrito el 13 de octubre de 2008 por el que los siete propietarios de los terrenos del coto dejaban su gestión durante 10 años a la sociedad Fimbas por un importe anual de 7.290 euros.

Además, ha afirmado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca, que instruye el caso, que Victorino Alonso estampó su firma en el documento ante su presencia en representación de la sociedad arrendataria.

Un contrato, ha añadido ante la responsable judicial, aún vigente para las partes que lo suscribieron y que compromete a Fimbas a hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del coto.

La Cueva de Chaves fue destruida casi en su totalidad para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas para el cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto.

Las mismas fuentes han añadido que con la práctica de esta prueba testifical, la juez responsable del caso podría dar por finalizada la instrucción para decidir sobre la posible apertura de un juicio oral contra los imputados por un presunto delito contra el patrimonio.

Para el representante de Ecologistas en Acción, el letrado Pablo Malo, la prueba practicada vincula al empresario con la gestión del coto y con las decisiones que se adoptaron para su funcionamiento.

La anterior prueba testifical tuvo lugar el pasado 28 de enero y en ella, un extrabajador de Fimbas también imputado en la causa aseguró que Victorino Alonso era "el único jefe y patrón de todos los negocios" en la finca de Bastarás.

Este testigo aseguró que las órdenes para destruir el yacimiento y ubicar unas instalaciones para uso de los animales que introducían en el coto para su posterior caza partieron del empresario.

En la causa están personadas como acusaciones particulares Ecologistas en Acción, Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Gobierno de Aragón, que sopesa la posibilidad de solicitar una indemnización de 50 millones de euros por la destrucción del yacimiento.

La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en 2009 por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

Además de Victorino Alonso y del extrabajador de Fimbas, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.

A todos ellos se les imputa un presunto delito contra el patrimonio, al que Ecologistas en Acción pretende añadir otro por daños al medio ambiente en la zona de Bastarás, un coto de caza privado que permaneció vallado durante décadas.