El agua y su defensa son los dos aspectos que tradicionalmente más voluntades unen en Aragón. Fruto de este consenso nació la Ley de Aguas y Ríos de la comunidad, amparada fundamentalmente por el Partido Popular en Aragón y el PAR. El objetivo de este texto legislativo estaba claro desde el comienzo. Regular las competencias en materia hídrica que se apuntaban en el artículo 72 del Estatuto de Autonomía de Aragón y evitar futuros trasvases del Ebro a otras cuencas.

Además, la ley también quiere marcar un punto de referencia "en materia de derecho de aguas" sin "reproducir las normas estatales". El texto también establece la organización y estructura del Instituto Aragonés del Agua, responsable de la organización hidráulica aragonesa.

Unos de los aspectos más discutidos de la norma durante su fase de alegaciones por los partidos de izquierdas fueron los puntos que abren la posibilidad de una gestión privada del agua. Además, en su articulado deja sin posibilidad de recurso a los afectados por las grandes obras hidráulicas. Algunos de los diputados que participaron en su redacción y discusión recuerdan que quedaron aspectos "sin pulir" y que, con otras mayorías políticas, hubiera tenido otro tipo de barniz. Sin embargo, estas carencias no hicieron renunciar a un texto de consenso respaldado por el Estatuto.

La ley (que sigue en vigor, aunque con algunos artículos en suspensión cautelar) también pretende impulsar una política de aguas "que contribuya a la mejora de la calidad de las aguas y los ecosistemas relacionados con la misma, a garantizar su acceso a la población en condiciones de calidad y a reducir, en la medida de lo posible, las diferencias de desarrollo existentes en Aragón como consecuencia de las distintas posibilidades de acceso al agua y de las diferentes condiciones de los ricos y diversos ecosistemas aragoneses".

Uno de los aspectos que reciben una atención detallada en la legislación es el sector agrario, que tiene en Aragón un peso mayor que en otras comunidades autónomas y que, tradicionalmente, es el mayor consumidor de este preciado líquido. En el propio texto se hace referencia a que la producción agrícola en regadío se ha convertido en una actividad fundamental para la cohesión y desarrollo del territorio, árido en una gran parte del mismo, que exige proyectos que, sin hipotecar el futuro de otras zonas de los ecosistemas, permitan hacer efectivos proyectos viables técnica y económicamente.

Usos y abusos

Entre los argumentos que se esgrimen para justificar esta redacción se dice que las comarcas con presencia significativa de regadío "han estabilizado la población rural y han proporcionado una diversificación de la agricultura y la ganadería, así como el desarrollo de una incipiente agroindustria, necesitada de un impulso para ayudar a fijar población".

La legislación precisa que también existen otras actividades socioeconómicas vinculadas con el agua que deben impulsarse, entre ellas, las energías renovables, los desarrollos industriales, la realización de prácticas deportivas o turísticas, el conocimiento científico y la innovación tecnológica en relación con el agua, la divulgación y sensibilización ambiental, o el amplio patrimonio histórico, industrial, artístico y etnológico que, consolidado durante siglos, reflejan la historia de Aragón a través del aprovechamiento del agua.