El Gobierno de Aragón licitará a finales de este año las diecinueve rutas del nuevo mapa concesional de transporte público regular por carretera, que llegará, con servicios regulares y a demanda, a todos los núcleos de población de más de diez habitantes y que solo dejará a alrededor de 850 aragoneses sin él.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y el director general de Movilidad e Infraestructuras, José Gascón, han presentado hoy el nuevo mapa concesional, que aún está en fase de elaboración pero del que comienzan a perfilarse los detalles generales, a la espera de concretar el número de expediciones y los horarios de cada una de las diecinueve rutas.

El nuevo mapa prevé un escenario "ambicioso" para que el servicio de autobús llegue a 1.404 núcleos de población de los 1.620 que hay en Aragón, y que por tanto solo deje sin cobertura a apenas 850 aragoneses. En la actualidad, el transporte público llega a 1.035 núcleos y más de 15.000 personas no pueden hacer uso del mismo desde sus lugares de residencia.

Si lo que se tiene en cuenta es la conexión de la ciudadanía con un centro de salud, en la actualidad hay 61.926 ciudadanos sin conexión, que pasarán a ser 846, mientras que los 52.105 que no tienen enlace con su cabecera comarcal se convertirán en 26.871.

La partida actual para el transporte regular de viajeros es de cinco millones aproximadamente, sumando los contratos-programa, las subvenciones a líneas deficitarias y las aportaciones al Consorcio Metropolitano de Zaragoza.

Soro ha rehusado hacer una estimación del coste de este nuevo mapa concesional, pero lo que tiene "clarísimo" es que con esos cinco millones de euros no va a ser suficiente.

La cuantificación final dependerá, ha dicho en la rueda de prensa, de los planes de explotación, de los horarios y expediciones previstas y de las posibles bajas en las licitaciones.

"Nada obligaba a dar un vuelco tan profundo", ha precisado Soro, quien ha asegurado que a pesar de eso se ha optado por aprovechar la oportunidad de la caducidad de las concesiones -que llevan prorrogadas desde diciembre de 2017- y diseñar un mapa con la máxima cobertura territorial.

Los criterios sobre los que se ha basado el diseño del plan se centran el incrementar la accesibilidad al mayor número de núcleos; impulsar la explotación a demanda (que significa pactar con los municipios los días y horarios más adecuados y aprovechar otras rutas para prestar ese servicio); adaptar los itinerarios a la estructura territorial y sobre todo al mapa de servicios sanitarios, educativos y administrativos, e intensificar la reserva de plazas para transporte escolar.

Se pretende, además, como objetivos generales, adaptar los horarios e itinerarios a las necesidad de movilidad actual; establecer una adecuada coordinación con los servicios de titularidad estatal y alinearse con las estrategias de lucha contra el cambio climático, con la introducción de criterios ambientales en los pliegos de los contratos.

El plan se está consultado con todas las entidades locales, de forma adicional al proceso de información pública que deberá seguir el anteproyecto cuando esté redactado, porque Soro considera que es "muy importante" conocer la opinión, las necesidades y las demandas de los municipios en cuanto a, transporte.