Comités de empresa y delegados sindicales de UGT y CCOO en la enseñanza concertada emplazaron ayer al Departamento de Educación a que se convoque «a toda la comunidad educativa» a un «diálogo social amplio» y las mesas de negociación «precisas» para alcanzar «acuerdos beneficiosos para todo el sistema educativo aragonés que impidan cualquier conflicto escolar entre la red pública y la concertada. Así lo reclamaron en un comunicado conjunto firmado por personal de los centros educativos San Miguel, Condes de Aragón, El Buen Pastor, Arsenio Gimeno, La Concepción, La Salle Gran Vía, Escuelas Pías, Marco, Montessori, Sagrada Familia, Sagrado Corazón La Mina, San Agustín, Santa Magdalena Sofía, Santo Domingo de Silos, Valle de Tena, Salesianos Nuestra Señora del Pilar, Don Bosco, Jesuitas, Sagrado Corazón Moncayo y San Antonio de Padua.
PLAN DE EMPLEO
Todos ellos exigieron a la DGA que, ante el acuerdo entre PSOE y Podemos para el cierre de hasta 28 aulas concertadas, «ningún trabajador pueda perder su puesto de trabajo», para lo que consideran que «debe hacerse público de manera inmediata un plan de empleo y si se diera el caso un plan de recolocación adecuado a las necesidades actuales». Esas demandas también fueron expuestas en la concentración de protesta convocada por CCOO y celebrada ayer en el Paraninfo y a la que acudieron decenas de personas. En ella, el sindicato advirtió que el cierre de aulas afectaría a 35 trabajadores. Tanto CCOO como UGT instan al departamento a que, como consecuencia del descenso de natalidad, «se planteen soluciones técnicas y de calado social como la reducción de ratio y la puesta en funcionamiento de programas específicos por barrios que eviten el cierre de unidades, tanto en la concertada como en la pública, con el consiguiente aumento de plantillas que conllevará dicha medida».
Del mismo modo, consideran «fundamental» que los centros concertados asuman «corresponsablemente con la red pública» los mismos «deberes de escolarización» del alumnado con necesidades de apoyo educativo, «así como la gratuidad de la enseñanza, en coherencia con la normativa vigente».
También la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE) y las organizaciones provinciales que la integran pidieron ayer «diálogo» entre el Gobierno de Aragón y la comunidad educativa. El colectivo, que mostró su respaldo a la manifestación convocada para el próximo martes en defensa de la escuela concertada convocada, cree importante «reconducir al terreno educativo un asunto en el que ha existido entendimiento tradicionalmente y que se ha enrarecido en las últimas semanas al vincular la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de Aragón para 2017 al cierre de hasta 28 aulas de educación concertada y la exigencia de no incrementar ninguna vía estos centros».
En este sentido, CEOE Aragón resaltó la importancia social de un sector que, «además de sostener 4.500 empleos en la comunidad autónoma, es sobre todo imprescindible para garantizar la libertad de elección de centro educativo que la Constitución española reconoce a los padres y deben garantizar los poderes públicos». Por ello, los empresarios entienden que la demanda de plazas «debe ser el factor determinante a la hora de tomar cualquier decisión de supresión de vías, unido a criterios de eficiencia en la prestación de este servicio público, a la que contribuye la colaboración público-privada a través de los centros concertados.».
La confederación reiteró que la educación «es un asunto en el que debe primar el consenso y la negociación abierta entre todos los colectivos, evitando enfrentamientos y buscando un Pacto de Estado que le dé estabilidad».
