La Policía Nacional desmanteló con la operación Frozen (congelado en inglés) una trama dedicada al hurto y la reventa de productos alimenticios del grupo Rodrigo, con 23 detenidos y 17 imputados. Un sistema que causó un agujero de al menos 360.000 euros, que son los que la empresa reclamará, como acusación particular, en el juicio que se celebrará en unos meses en Zaragoza. La Fiscalía rebaja un tanto el perjuicio, a 205.000 euros (más lo que se determine como revendido), al ceñirlo al año 2015, mientras que el grupo perjudicado lo amplía hasta el 2013, cuando comenzó a echar de menos mercancía en sus instalaciones.

Estas sospechas derivaron en el despido de un empleado, Darwin Alexander V. M., quien, según consideran ambas acusaciones, era el líder de la organización. Incluso fuera de la empresa, contó con la ayuda de su hermano, Eduar Antonio V. M. y otros dos trabajadores, Joao Manuel D. S. D. A. y Eulogio B. A., para seguir robando mercancía por la noche.

Precisamente al cabecilla y al último trabajador les pilló la Policía en el coche del segundo, el 9 de marzo del 2016, con congelados por valor de unos 700 euros en el vehículo y una agenda y una libreta en la guantera, con anotaciones de pedidos y ventas.

Para los cuatro presuntos ladrones, Fiscalía pide tres años de prisión por un delito continuado de hurto, agravado por la cantidad económica y el hecho de actuar de forma organizada. La empresa lo eleva a cuatro años, al acusar tanto de hurto como de integración en grupo criminal.

Los registros certificaron que guardaban más mercancía en casa, y la investigación determinó que la revendían a hosteleros, principalmente del barrio de Delicias, así como a particulares. Para la Fiscalía, esta actividad conllevaba «el consiguiente riesgo para la salud pública», al romperse la cadena de frío, pero no llega a suponer un delito. Para la empresa sí, y de ahí que las penas solicitadas para los compradores sean de dos años para el ministerio público, por receptación, y de hasta 2 años y 8 meses para la compañía. Además, esta amplía la lista de compradores acusados, de los 11 a los 19, en diversos grados según lo compraran para servirlo o para consumirlo.

Los acusados, defendidos por Felipe Lafuente, Jaime Arenas, Elena Mainar o Mercedes Ramírez, entre otros letrados, se sentarán en el banquillo de un Penal zaragozano dentro de unos meses. Para once de ellos, incluídos los cabecillas, Fiscalía solicita inicialmente sustituir la pena de prisión por una expulsión de España durante cinco años, al estar residiendo en situación irregular en el país.