El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá, como mínimo, tres años de respiro en Arcosur con respecto a la amenaza que suponía el próximo 12 de diciembre por la posibilidad de que desapareciera la obligación de los dueños del suelo de ejecutar las obras de urbanización que restan, valoradas en más de 40 millones.

El pleno municipal aprobó por unanimidad la regularización en el Plan General (PGOU) de los depósitos de agua y la subestación eléctrica, paso previo a la nueva reparcelación, que concederá otros siete años de tranquilidad. Pero es la comunicación de la junta de compensación al Registro Mercantil de ampliar el plazo lo que le da este trienio de alivio.

Pero como la unanimidad no propiciaba el debate, los grupos municipales se centraron en otras cuitas. El PSOE, a través de Lola Ranera, aprovechó para cargar contra Pablo Muñoz, exedil de IU y ahora responsable de Urbanismo en el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) por rechazar todo lo que tuviera que ver con este barrio. "No les ha dado ni agua ni luz", le decía, al igual que CHA.

Mientras, el PP, a través de Pedro Navarro, atacó al socialista Carlos Pérez Anadón, por la información de las actas del consejo rector de Arcosur que ahora obran en su poder. Le acusó de "mentir" al pleno por lo que allí se cuenta, de no acudir al 50% de las reuniones y de delegar el voto en el presidente de la junta de compensación pero "solo si era Antonio Olmeda".