Tres de los ocho acusados por la presunta estafa a 86 cooperativistas de una promoción de VPO en Arcosur admitieron ayer en el inicio del juicio por estos hechos que se lucraron de diversas maneras del entramado con el que se perdieron los tres millones de euros invertidos en la promoción, que nunca llegó a materializarse. Se comprometieron a pagar lo que habían percibido y tras el pacto con la Fiscalía y las acusaciones particulares, en principio, les retirarán el delito de blanqueo de capitales (con una petición de seis años de cárcel y 6 millones de euros de multa por cabeza) y rebajar la estafa de 8 años a 2 o menos, sin entrar en prisión.

Los confesos son el abogado Pedro Garcés Cortías, que aceptó los cargos, si bien aseguró que pensaba que el dinero que percibía era de la empresa gestora que le contrataba -2005 Gestión Urbana Valdespartera-, no de los propios cooperativistas. También el intermediario Julián Seral, que defendió su labor como comisionista pero pagará en cualquier caso y Fernando Benito, chófer de la mujer del presunto cerebro de la trama, Julio Pinilla Miguel. Según su testimonio, este le colocó como tesorero de la Junta Rectora de la cooperativa, sin ser socio, y firmó lo que le decían.

RETIRADA DE CARGOS/ A estos tres se sumó la mujer de Pinilla, Bárbara Menéndez, a quien le fueron retirados los cargos a condición de pagar los 46.400 euros que obtuvo a título lucrativo, como la infanta Cristina en el caso Nóos.

Los otros cuatro acusados mantienen la amenazada de 14 años de prisión por estafa y blanqueo de capitales, además de los 6 millones de euros de multa y la devolución de los tres millones de euros. Algo a priori complicado, dado que entre los cuatro confesos no suman ni 200.000.

Estos cuatro acusados negaron su participación en los hechos. Así, el presunto cabecilla, Julio Pinilla, afirmó que él no revitalizó la cooperativa 2005 Valdespartera Sociedad Cooperativa (no confundir con la gestora), sino que le llamaron para llevarla, Igualmente subrayó que él no aparece en ningún documento, porque eran la Junta Rectora y la Asamblea quienes decidían. Es más, no cobró un euro por su trabajo.

Sí lo hizo un socio que le sucedió en la gestión con la empresa Aragón Estudio y Acción, Carlos Gumersindo Álvarez. Este afirmó que en esa empresa las decisiones las tomaba él, no Pinilla, y que el pago que recibía era un prorrateo de la comisión del 8% que se iba a llevar la gestora por la obra. Y si mandaba cobrar cheques a empleados o socios para que luego se los dieran en metálico, «sería porque necesitaba efectivo».

Por su parte, otro supuesto comisionista y socio, Tomás Laviña, defendió que él no llegó a cobrar ni la mitad de lo que Pinilla le debía por alquilarle la oficina.

Y el presidente de la Junta, Jesús Villalba, afirmó que fue «el tonto de la película» que firmaba para Pinilla hasta que, ante las quejas de los cooperativistas, tomó las riendas de la fallida promoción. Y recibió unos 90.000 euros de Álvarez, pero los devoró su ludopatía. Este dijo que en realidad le había devuelto casi todo, salvo unos 8.000 euros.