La ampliación del servicio Bizi Zaragoza no se llevará a cabo o, al menos, no de la forma planteada por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha anulado de forma definitiva la expansión tras concluir que la modifición del contrato inicial y su modelo de financiación es «ilegal». Así que el equipo de Movilidad deberá repensar el proyecto para poder llevar el servicio a todos los barrios de la ciudad. Además, tendrá que indemnizar a la contrata encargada de su gestión, Clear Channel, con una cantidad aún no determinada.
El portavoz del PP, Jorge Azcón, presentó un recurso contra el acuerdo adoptado por el Gobierno de la ciudad el pasado 11 de octubre por el que se aprobaba iniciar la expansión del Bizi. Según alegaba, la «modificación contractual suponía una adjudicación ilegal», ya que el nuevo contrato supone abonar a Clear Channel 8,4 millones para hacer frente a la ampliación de 120 estaciones nuevas y 1.200 bicicletas en los próximos cuatro años. Por ahora, se habían instalado cinco nuevas estaciones que seguirán fuera de servicio. Tampoco se ampliará el horario ni se habilitará un teléfono de información gratuito.
ILEGAL
En su recurso, Azcón hacía referencia a que se producía una «alteración fundamental de las condiciones esenciales del contrato», recuerda el órgano territorial. Este servicio se financia con las tarifas pagadas por los usuarios y los ingresos obtenidos por la publicidad. En las modificaciones realizadas en el 2011 y el 2012 se mantuvo este mecanismo, pero en la aprobada por el equipo de Pedro Santisteve varió, ya que los costes nuevos los asumía el ayuntamiento. Es decir, la empresa pasaba de tener retribución mediante ingresos contingentes e inciertos a una fija a cargo de las arcas públicas.
En su dictamen, el Tribunal de Contratos considera que la modificación «infringe de forma manifiesta los límites» para alterar un contrato y que, por ello, se «encubre» una nueva adjudicación directa. Es por esto por lo que afirma que la ampliación debe ser declarada ilegal, ya que se han incumplido los principios de «transparencia e igualdad de trato» al otorgar una posición de ventaja competitiva a Clear Channel. Según el tribunal, la propuesta de ZeC supone «una alteración esencial del objeto inicial» porque se modifica el sistema de retribución pactado inicialmente. Argumenta que el precio o el modelo de retribución de un contrato público es un elemento esencial a la hora de que una empresa decida presentarse al concurso. Cambiar las reglas del juego a mitad del partido «puede tener una consideración de una ayuda estatal incompatible».
El órgano territorial considera «insuficientes» las alegaciones presentadas por el consistorio en las que se alude al «interés» general de la ciudadanía para justificar la extensión del Bizi. Añade que el impacto económico y la trascendencia de esta decisión debería de haber ido acompañada de una valoración de las consecuencias de su decisión y sus ventajas frente a otras opciones.
El Tribunal de Contratos concluye que el Gobierno de la ciudad deberá indemnizar a la empresa por los gastos originados de la ampliación de las estaciones, cinco de ellas ya instaladas. Una cifra que desde ZeC no pudieron adelantar ayer dado que se está estudiando el dictamen.
El consistorio tiene dos meses para presentar un recurso en los contencioso administrativo, si así lo considera, algo que no pudo adelantar ayer la concejala de Movilidad, Teresa Artigas
