El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha rescindido el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Huesca de municipalizar el servicio de limpieza viaria y de subrogar en la empresa pública Grhusa a los trabajadores de la empresa que ostentaba la contrata del servicio, FCC.
La resolución, promovida por el PP a través de un recurso, anula el acuerdo adoptado en pleno por el equipo de Gobierno. Este pacto establecía que el consorcio para la recogida de residuos rólidos rrbanos de la Agrupación 1 gestionaría el servicio de limpieza a través de la sociedad pública Grhusa.
El acuerdo de encomienda, declarado ahora nulo por el Tapca, entró en vigor el pasado 1 de julio. Según el portavoz del PP en el consistorio, Gerardo Oliván, se trata de una situación que obligará al concejal responsable de la iniciativa, Luis Arduña (Cambiar Huesca), a adoptar medidas para la prestación del servicio.
En el fallo, el tribunal ha visto la encomienda «contraria a la normativa de contratación pública» y subraya que la decisión adoptada «esconde una adjudicación directa de un contrato público».
El portavoz popular, que se refirió ayer a Arduña como «discípulo» del concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, señaló que la sentencia pone en cuestión uno de los «acuerdos estrella» del equipo de Gobierno local, «en la línea de los gobiernos del cambio y del mantra de municipalización».
También añadió que los principios ideológicos esgrimidos por el edil responsable de la medida obvian el contenido de la Ley de Contratos Públicos y desvirtúan la legalidad vigente.
El concejal advirtió que la resolución, en caso de ser recurrida ante la jurisdicción de lo contencioso para pedir una suspensión cautelar, podría encarecer el servicio de limpieza viaria en 300.000 euros hasta final de año, fecha en la que finaliza el acuerdo de encomienda.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos de Huesca, José Cadena, señaló que es «necesario depurar responsabilidades» ante la resolución y pide que se aclaren las dudas. Además, confesó haber «alertado repetidamente a los responsables de que se estaba cometiendo una ilegalidad, que tiene que primar el interés general, cumplir la normativa y dejarse de chapuzas. Ha tenido que venir el Tribunal Administrativo a salvar los muebles. Se han de depurar responsabilidades».
