El Tribunal Supremo ha confirmado un acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2017 que autorizó la extradición de 269 personas de nacionalidad china implicadas en una organización internacional desarticulada en España que estafó alrededor de 16 millones de euros.
Los miembros de esta organización fueron detenidos a finales de 2016 en el marco de la denominada Operación Wall, desarrollada de forma simultánea en varias ciudades españolas, entre ellas la de Zaragoza.
Tras las detenciones, las autoridades chinas aportaron abundante documentación referida a la participación de los detenidos en una organización criminal para solicitar su extradición por presuntos delitos de estafa.
El Supremo relata en su sentencia que los detenidos contaban con locales y chalés en diferentes ciudades del país para estafar a personas residentes en China mediante el uso de la telefonía IP (Internet).
La trama, dirigida desde China, se identificaban ante sus víctimas como policías, fiscales y jueces chinos para acusarles de algún hecho delictivo y solicitarles dinero a cambio de paralizar la acción de la justicia.
Las cantidades ingresadas en las cuentas de la organización eran introducidas en movimientos financieros clandestinos antes de llevar a cabo su reparto entre los miembros de la red.
El acuerdo de extradición fue recurrido por uno de los detenidos ante el Supremo al entender que incumplía el tratado suscrito en 2005 con el Gobierno chino al no aportar una descripción "clara e individualizada" de los hechos y no especificarse el tipo de delito imputado.
La respuesta del alto tribunal valida de forma genérica el acuerdo de extradición de todos los detenidos tras constatar que la documentación aportada por las autoridades chinas incluyen datos precisos sobre las personas requeridas, una amplia relación de los hechos denunciados y la tipificación de delito como estafa.
Los magistrados expresan su acuerdo con la descripción hecha de la red como una organización internacional de delincuentes y el ajuste de los hechos al código penal chino a un presunto delito de estafa.
Por esta razón, consideran que la petición de extradición hecha y acordada no sólo está "suficientemente justificada", sino que es acorde al tratado de extradición suscrito entre China y España.
