Las declaraciones del concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, sobre la actuación de la jueza titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza que instruye el caso del servicio de atención telefónica 010, Concepción Gimeno, no han gustado nada a la Justicia. Cubero acusó este martes a la magistrada de ser «parcial», «de bloquear» la solución a este conflicto además de declarar que «el papel de la jueza en el caso del 010 es vergonzoso». Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, estas afirmaciones «rebasan los límites aceptables a la crítica de las resoluciones judiciales en un Estado de Derecho».

Bellido, en un comunicado, exige al concejal «lealtad institucional y respecto a las reglas del juego» que atribuyen a los jueces y los tribunales el control de la legalidad de la actuación de la Administración. Además, le acusa de atribuir «sin fundamento, intereses espurios o partidistas a la actuaciones judiciales» con el ánimo, prosigue, de confundir a los ciudadanos y degradar la vida pública.

Cubero, como era de esperar, no tardó en responder -a través de las redes sociales- al máximo representante del TSJA. Para el concejal, las de palabras de Bellido, que califica «manidas», evidencian que se encuentra «alejado del estado de la realidad social». El concejal relata en su carta las penurias a las que muchos ciudadanos se enfrentan como los desahucios, los despidos o los embargos. «¿Qué papel ha jugado la Justicia en la defensa de los derechos más básicos de la mayoría social trabajadora?», le pregunta.

El líder del Partido Comunista (PC) considera como «macabra casualidad» que el día en el que se decretaron las cautelarísimas en el proceso del 010, Rodrigo Rato y Miguel Blesa «se libraron de la prisión». Una coincidencia que, según el concejal, constata que «la Justicia no es igual para todos».

Reclama al presidente del TSJA «que estén a la altura» y permitan a las 14 empleadas una salida laboral ya que, «por su silencio las trabajadoras del 010 siguen sin cobrar sus nóminas», aseguró el responsable de Servicios Públicos.

A quien no respondió Cubero fue a las asociaciones de jueces aragonesas. Estas mostraron su «rechazo» a las descalificaciones del concejal más polémico del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y recordaron que es, precisamente, la imparcialidad de los jueces la que sostiene el Estado democrático.

Desde el PP consideraron que Cubero podría haber cometido un delito de injurias y calumnias con sus declaraciones. Según los populares, las acusaciones de Cubero apuntan a una «prevaricación» de la magistrada, razón por la que plantea «ponerlo en conocimiento de la Fiscalía».