El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha cerrado el paso a una operación urbanística combinada que preveía la ampliación de la estación invernal de Cerler (Huesca) hacia el valle vecino de Castanesa para conseguir el mayor dominio esquiable del país.
La sentencia del TSJA estima el recurso interpuesto por un grupo de vecinos de la zona aglutinados en torno a la asociación Naturaleza Rural y anula el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, municipio al que pertenecen las 52 hectáreas de monte que se proyectaban recalificar en la zona.
El tribunal invalida el referido documento urbanístico tras valorar que se evitó realizar la obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica a pesar de que el terreno afectado es una zona de alta montaña susceptible de verse afectada de forma negativa por las obras proyectadas.
La decisión del TSJA, que desestima el proyecto promovido por el anterior Gobierno aragonés y la sociedad Castanesa Nieve, de la que forman parte el Ayuntamiento de Montanuy y diecisiete vecinos, supone la invalidación de los acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 2008 que supieron las aprobaciones inicial y definitiva del referido Plan General.
Los magistrados entienden que a pesar de que el Ayuntamiento de Montanuy decidió encargar la redacción del Plan en 2004 y la ley que exige la evaluación ambiental es de 2006, la aprobación definitiva del documento en pleno se produjo con posterioridad a esta fecha por lo que debía haberse cumplimentado el requisito exigido.
Señalan que este trámite debía de realizarse dada la gran superficie de terreno afectada por el proyecto y el gran impacto sobre el territorio que supondría su ejecución.
A tenor del informe encargado a un biólogo, destacan que el modelo urbanístico propuesto en el documento carece de criterios "ambientales, sociales y económicos".
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón insiste, además, en que el proceso de evaluación exigido "no ha de ser una mera justificación de los planes sino un instrumento de integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo sostenible más duradero".
La operación urbanística, que el actual Gobierno aragonés ya descartó desde su posición en el consejo de administración de Aramón, preveía la recalificación de 52 hectáreas en el valle de Castanesa y el desarrollo de una operación urbanística que debía reinvertir los recursos obtenidos en las obras de ampliación de la estación de Cerler.
Contra el proyecto se opusieron desde un primer momento un grupo de residentes de la zona aglutinados en torno a la asociación Naturaleza Rural.
