El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha acordado, mediante providencia de 21 de mayo del 2015, que procede "no tener por ejecutada" la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público del 2011, en el ámbito relativo al personal docente no universitario, por lo que requiere a la Administración para que, en el plazo de tres meses, apruebe una oferta complementaria en la que se incluyan un total de 385 plazas de personal docente que han de tenerse como vacantes a 31 de diciembre del 2010 para dar cumplimiento a la citada sentencia.

El tribunal estima así las alegaciones presentadas por la Asociación en defensa de la Función Pública y el Ministerio Fiscal y, según el colectivo, expone su su providencia el "defectuoso cumplimiento" por parte de la Administración del requerimiento contenido en su providencia del 1 de julio del 2014, al constatar que el decreto 24/2014, de 18 de febrero, de oferta complementaria, "no contenía el total de plazas obligado por sentencia". La asociación recordó que ese requerimiento "dio lugar a la aprobación de una nueva oferta adicional por decreto 8/2015, en el que, con clara burla del mandato judicial, se incluyó una sola plaza de personal docente".

El TSJA indica que "no resulta posible" llegar a conocer, por la información remitida, "de manera precisa y desglosada" lo que allí se solicitaba, y que a la vista de lo afirmado en los informes remitidos se puede deducir que, al menos, en la oferta del 2011 podría haber sido objeto de ampliación en 385 plazas, de las cuales 235 corresponderían a Secundaria y 150 a maestros, "no constando al tribunal que dichas plazas se hayan ofertado en procesos posteriores".

El colectivo celebró la resolución aunque no ve "suficientemente atendidas" sus alegaciones, ya que el tribunal fija 385 plazas "en lugar de reclamar un certificado preciso de plazas vacantes ocupadas por interinos".