Cuando parecía que la contrata del autobús en Zaragoza se encaminaba a la normalidad, tras una huelga indefinida de cuatro meses, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) pone en jaque la prestación del servicio al asegurar que la adjudicación de la misma a Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA), en el 2013, debería ser declarada nula de pleno derecho e insta al ayuntamiento a repetir el concurso público. Porque considera que los pliegos de condiciones en los que se basó el proceso resultan discriminatorios para la cooperativa de trabajadores que también licitó por ella y que acabó siendo excluido por no cumplir los requisitos.
Ahora le da la razón a esta y deja en el aire la deriva que puede tomar. Aunque esta resolución judicial no es firme todavía, ya que ofrece un plazo de diez días a la concesionaria y al propio ayuntamiento para que recurra al Tribunal Supremo. Sin embargo, el contundente escrito del magistrado de la Sala 1 de lo Contencioso Administrativo del TSJA no deja lugar a dudas.
CAUTELA Fruto de esa interpretación de la legalidad, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) abogó ayer por la "cautela" --y sin facilitar el documento judicial recibido "el pasado viernes por la tarde"--, y temiendo las "impredecibles consecuencias económicas y jurídicas que puede tener y que hay que valorar en profundidad". AUZSA rehusó hacer declaraciones a este diario al respecto. Y solo los representantes de la cooperativa, integrada por trabajadores de la propia empresa, celebrando el pronunciamiento y apuntando a que "es un buen momento para apostar por la municipalización".
"Puede salirle muy caro a la ciudad porque la sentencia reconoce que la cooperativa tenía derecho a concurrir al concurso público", declararon fuentes oficiales de la Alcaldía de Zaragoza. Se referían a "la indeminzación que pueden reclamar" después de que fueran excluidos y sin que fuera valorada su oferta técnica y económica para pujar por la contrata. Eso, sumado a tres años de explotación del servicio que ha prestado AUZSA sin que, al parecer, no hubiera posibilidad de valorar cuál era la mejor oferta presentada al concurso.
La sentencia judicial, a la que ayer tuvo acceso EL PERIÓDICO, expone claramente que la citada cooperativa de trabajadores no tenía la obligación de constituirse en sociedad anónima como le exigían los pliegos; ni acreditar una solvencia económica como tal, ya que solo la técnica habría sido suficiente --y estaba más que acreditada--; y, como consecuencia de lo anterior, tampoco estaba obligada a presentar las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores. El magistrado declara nula la adjudicación porque, asegura, los pliegos incumplían la directiva europea que lo regula y, por tanto, se dio un trato discriminatorio.
"Esta sentencia sirve para desenmascarar lo que siempre hemos denunciado, que fue un amaño para dárselo a TUZSA", manifestó ayer Javier Anadón, portavoz de la cooperativa. El juez determina que no se le permitió concurrir al concurso en igualdad de condiciones y que se le dio un trato ni justo ni equitativo, porque le exigían requisitos que no podía cumplir.
