El turolense Marcos Peña, propuesto por el Ministerio de Fomento como árbitro que dicte el laudo obligatorio con el que poner fin al conflicto en el aeropuerto de El Prat, es un especialista en negociación colectiva que ha actuado como mediador en importantes desacuerdos laborales como la estiba.

El nombre de Marcos Peña, actual presidente del Consejo Económico y Social (CES), ha sido propuesto hoy al comité de empresa del aeropuerto de Barcelona y a la dirección de Eulen, que tendrán un plazo de 24 horas para presentar alegaciones a esta propuesta.

Peña ha participado como árbitro y mediador en varios conflictos de dimensión nacional, el más reciente en la pasada primavera, cuando medió en el conflicto de la estiba e impulsó un acuerdo que luego quedó recogido en el desarrollo reglamentario del real decreto ley de reforma del sector.

El presidente del CES, nacido en 1948 en Teruel, es licenciado en Derecho, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo desde 1972 y catedrático de Derecho del Trabajo.

Entre 1983 y 1988 fue agregado laboral en la Embajada de España en Roma y en enero de 1992 fue nombrado director general de Evaluación de Servicios en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Dos meses después, en abril, fue designado miembro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en representación de la Administración del Estado.

En julio de ese mismo año, Peña fue nombrado por el Consejo de Ministros responsable de la nueva Secretaría General de Salud, órgano de nueva creación dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Un año después, asumió el cargo de secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, en sustitución de Jesús Arango.

Durante esta etapa, Peña intervino en las negociaciones con los sindicatos para el Pacto Social de finales de 1993, en el que se alcanzaron acuerdos en materia de convenios y en la derogación de las ordenanzas laborales.

A consecuencia de la reforma del mercado laboral, Peña tuvo que hacer frente desde su puesto a la huelga general del 27 de enero de 1994 y al paro del 11 de mayo de ese mismo año. En esos meses, el Gobierno aprobó el funcionamiento de las empresas privadas de colocación.

En mayo de 1996, tras la llegada del Partido Popular al Gobierno, cesó como secretario general de Empleo.

Diez años después, en septiembre de 2006, fue nombrado presidente del Consejo Económico y Social(CES) en sustitución de Jaime Montalvo, un cargo que aún desempeña.

Entre otros conflictos, fue mediador entre los sindicatos y la dirección de la empresa pública Izar, que finalizó, tras seis meses de ruptura de negociaciones entre las partes, con un acuerdo de convenio para los años 2003 y 2004.