Las cifras son las siguientes: 68 personas afectados por las negociaciones con el banco Cataluña Caixa y con la incertidumbre de poder sufrir un desahucio. 30 de ellas tienen un avalista detrás que corre el riesgo de asumir las deudas. Y nueve familias que juntas acumulan una deuda de 1,8 millones de euros cuando en valor de compre inicial era de 1.250.000 euros.

Los nombres son los de Moisés y Vanesa que en Semana Santa tuvieron que abandonar su casa con sus cuatro hijos por las presiones de la entidad catalana. O el de Piedad, que llora solo de pensar que pueden desahuciarla de un día para otro y que vive con un subsidio de 426 euros con el que tiene que pagar los gastos de la casa y alimentar a sus tres hijos, un nieto y a su marido, que lleva tres meses en paro.

Moisés y su mujer llevan desde el 2012 sin pagar al banco su hipoteca. Inicialmente era de 1.600 euros al mes y se redujo a 900 tras una carencia. En el 2009 desde la entidad les indicaron que habían llevado a cabo amortizaciones adelantadas de su deuda. "Reclamamos al banco y no nos respondió", explicó Moisés. En el 2012 ya no podían pagar su hipoteca y "empezamos a vender nuestras cosas para poder hacer frente a los gastos" hasta que solicitaron la dación en pago. Fue tras la segunda petición, asesorados por la plataforma Stop Desahucios cuando se la concedieron. Pero como condición "nos exigieron que retiráramos los recursos presentados y cuando lo hicimos, dieron marcha atrás" y claro, "nos quedamos sin mecanismos de defensa al retirar los recursos".

Piedad, avalada por un conserje, vive en el barrio de Casablanca. Compró su casa en el 2005. Entonces su marido trabajaba como pintor. Sus hijos tiene 17, 19 y 21 años. La mediana tiene un hijo de pocos meses y recibe una ayuda cada tres meses de poco más de 70 euros para los gastos del bebé.

Entre lágrimas, asegura que quiere que el banco se quede su casa y le aprueben un alquiler social. "Necesito que termine esto", dice mientras balancea el carrito de su nieto junto a su hija. En agosto renovará el subsidio de 426 euros mensuales. Será la última prórroga.

Pagaba 1.000 euros al mes de hipoteca y tras la carencia se redujo a 750. El coste de su piso fue de 172.000 euros. Y sus ingresos no le permiten acortar su compromiso con el banco.

Desde la asesoría jurídica de Stop Desahucios están estudiando cómo emprender medidas legales para evitar que estas dos familias pierdan lo poco que tienen. También barajan la posibilidad de denunciar por la vía de lo penal a Cataluña Caixa por "incumplir los acuerdos y por irregularidades", señaló la portavoz de la plataforma, Sagrario Cebollada. Explicó que mantendrán su movilización diaria y ya están pensando en hacer acciones nuevas que creen impacto.

Pero aún hay más. Existe el riesgo de que Cataluña Caixa sea vendida. Entonces, Cebollada explicó que "no podríamos seguir negociando la deuda" y se cerrarían las pocas puertas que les quedan a las 68 personas que hoy en día trabajan con la plataforma para no perder su casa.