El titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza al que le toque por turno tendrá esta mañana sobre la mesa una petición urgentísima de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) para paralizar el cobro de todas las plusvalías por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. La medida, en la forma es que está solicitada, debería adoptarse o rechazarse hoy mismo, al estilo de lo que sucedió con el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe instado por el PP. Pero será Su Señoría quien lo determine.

El argumento básico de la UCA, representada por el letrado Santiago Palazón, para pedirlo, es que el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido como plusvalía) carece actualmente de regulación, tras las sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo.

Estas han ido avalando en los últimos años, y particularmente en los últimos meses, que es ilógico cobrar un impuesto por un incremento de valor de un piso cuando este no se ha producido. El problema era que la Ley de Haciendas Locales, cuando fue redactada, en el 2004, no concebía que un terreno pudiese perder valor con el tiempo, de forma que la redacción legal implicaba un cobro automático. Pero la crisis económica derivó en una depreciación de los pisos, y la realidad se contrapuso a la ley.

TRAMITACIÓN

Con algunos años de retraso, los tribunales comenzaron a certificar esta realidad, y finalmente se declararon inconstitucionales los artículos de la ley que regulaban este cobro ilógico. El problema es que no se han cambiado por otros.

Desde antes de que se conociera la sentencia de este año, los tribunales zaragozanos habían paralizado estos casos, en espera de un criterio. Y este ha servido para que se dejen de gravar aquellas tranmisiones en las que ha habido pérdidas.

Así lo han ido decretando los jueces, ya con criterio superior fijado, y los ayuntamientos han ido desechando de oficio el cobro de estos casos. También lo ha hecho Zaragoza, que tras llevar meses sin cobrarlo de forma efectiva lo legalizó el pasado viernes, aprobando una moción al respecto en el Pleno municipal.

Pero la UCA considera que no solo hay que suspender el cobro cuando no haya ganancia, sino siempre, al estar el impuesto en una especie de limbo legal, sin artículos vigentes que lo regulen.

Así se lo hicieron saber al alcalde Pedro Santisteve, al que requirieron el pasado 14 de julio a través de un escrito -llamado de intimación- que los suspendiese por propia voluntad. Pero al no contestar, la petición se deniega y la UCA ha acudido al juzgado para que sea este el que ordene la suspensión de la tramitación. Al menos, hasta que se legisle de nuevo sobre el tema.